Representantes del sector de la construcción propusieron ayer que el trabajador afronte su responsabilidad ante la administración en caso de incumplir con la normativa de riesgos laborales.
Esta es una de las 21 medidas que los agentes del sector de la construcción han consensuado y presentado al Gobierno para frenar la siniestralidad laboral.
Estas iniciativas se recogen en el ‘estudio jurídico sobre la actual situación de responsabilidades en materia de seguridad y salud laboral en España en relación con otros países’, que ha sido elaborado por Cuatrecasas.
El informe ha sido consensuado con la Comisión Nacional de la Construcción, el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, la Asociación de Promotores Constructores de España y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
El estudio insiste en denunciar el ‘grave desajuste’ que existe entre la sanción que se debe imponer al que incumple la ley, la reparación del daño causado y la prevención.
Además, propone que se simplifique la legislación y se apliquen nuevas ‘medidas innovadoras, creativas e inteligentes’, además de crear una policía Judicial y una Inspección de Trabajo especializada.
En materia de responsabilidad administrativa, el informe demanda que se reforme la regulación actual sobre la prohibición de contratar en el sector público.
Por otro lado, el sector de la construcción planteó la posibilidad de que se cambie también el sistema de compensación del daño derivado de un accidente de trabajo o que se delimiten las jurisdicciones competentes en materia de seguridad y salud laboral.
El estudio añade que el sistema es ‘complejo por la cantidad de jurisdicciones competentes, desvertebrado, desproporcionado en la sanción y carente de niveles de culpabilidad’.
Explica que sólo el ordenamiento jurídico portugués se caracteriza por ofrecer una respuesta tan compleja como la española, y añade que ambos países son también los que padecen unos índices de accidentes laborales más elevados.
Por último, el sector de la construcción asegura que el empresario tiene derecho a conocer si los trabajadores están en condiciones óptimas para desempeñar su trabajo, por lo que demandó que se lleven a cabo inspecciones médicas confidenciales que favorecerán la prevención en riesgos laborales.
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