Corbacho afirma que la Comisión Europea no ha tenido en cuenta las medidas del Gobierno al hacer sus previsiones

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, afirmó hoy que la diferencia entre las previsiones del Gobierno y las anunciadas ayer por la Comisión Europea es que el organismo comunitario no ha tenido en cuenta las medidas aprobadas por el Ejecutivo español para la creación directa de empleo.

En una entrevista en TVE recogida por Servimedia, Corbacho afirmó que la Comisión "no ha tenido en cuenta el plan de 8.000 millones" para los ayuntamientos ni las inversiones en infraestructuras.

Asimismo, añadió que la institución europea tampoco ha valorado al hacer sus previsiones el hecho de que en España, a pesar de que no hay demanda de vivienda libre, "hay un recorrido importante en VPO".

No obstante, el ministro aseveró que si el Gobierno no hubiera aprobado estas medidas "llegaríamos a los cuatro millones de parados".

Sobre el fondo de inversión local, Corbacho aseguró que los ayuntamientos harán uso de esta ayuda ya que, si no, los ciudadanos se lo harían pagar en las urnas. "Ni un sólo ayuntamiento se va a quedar sin invertir un dinero que le viene financiado al cien por cien, porque, si lo hace, ese alcalde que se vaya despidiendo", subrayó.

En cuanto a la posibilidad de que se amplíe el plazo para que los consistorios presenten sus proyectos para que sean financiados con este fondo, el ministro afirmó que, de momento, no se está planteando esa posibilidad.

Sin embargo, apuntó que "hay que esperar a que acabe el plazo" y entonces se debe ver el número de proyectos que se han presentado y, "en todo caso, a partir de ahí, Administraciones Públicas deberá evaluar si se debe tomar alguna decisión en una dirección u otra".

Asimismo, admitió que en la actualidad, "desgraciadamente", el paro "no es ficticio, sino que es real", ya que las personas que están desempleadas realmente buscan un trabajo.

Sobre la posible convocatoria de huelga por parte de los jueces, Corbacho señaló que, en su opinión, "esas reivindicaciones no deben pasar por una amenaza de huelga", ya que los jueces "son el tercer poder del Estado y eso les obliga a una serie de cosas".