Un paquete de cigarrillos es razón suficiente para provocar una pelea entre un grupo de españoles e inmigrantes que temblando de frío y en la oscuridad esperan ante un albergue para personas "sin techo" en Madrid, habilitado especialmente para el duro invierno y las crecientes olas de desempleados.
La policía aparece en escena abriéndose paso a empujones entre parados del sector de la construcción de origen rumano y húngaro ataviados con delgadas cazadoras vaqueras.
"Un día este sitio va a explotar", dice Miguel Roa, un camarero español que, además de perder su trabajo y su vivienda, ha visto romperse su familia en momentos en los que la crisis económica deja atrás 14 años de crecimiento económico en España.
Unos pocos desempleados se están quedando sin sus hogares y tienen que acudir a comedores sociales en España, un país en el que en 2008 se perdieron un millón de puestos de trabajo, algo inaudito en un país europeo desde la década de los 30, según el diario El Mundo.
España es un ejemplo extremo de los problemas que se están gestando en Europa cuando las economías afrontan tensiones sin precedentes tras la implosión de una prosperidad cimentada en el dinero fácil y millones de empleos poco cualificados en el sector servicios, la mayoría de ellos pertenecientes a inmigrantes.
El gobierno español camina actualmente con pies de plomo tratando de controlar el gasto y mejorar la competitividad económica del país sin provocar manifestaciones violentas como las de Grecia, Bulgaria o Letonia.
España ha sido uno de los cuatro países de la zona euro que recientemente han sido advertidos por la agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s de una posible rebaja en su nota de deuda soberana si las perspectivas empeoran.
S&P rebajó el rating de Grecia este miércoles y los de Irlanda y Portugal se encuentran bajo la misma amenaza que los de España.
La cuarta economía de la eurozona tiene que lidiar con los costes de haber recibido a 5 millones de inmigrantes en la última década, más que cualquier otro país europeo, para realizar trabajos que ya no existen tras concluir el boom de vivienda y créditos.
En el helado albergue público del madrileño barrio de Vallecas, donde el hedor humano se mezcla con un empalagoso olor a alcohol, tabaco y desinfectante, los extranjeros duplican en número a los españoles.
La mayoría de inmigrantes aseguran que no quieren volver a sus tierras de Europa del Este, África o Latinoamérica.
Sandor Puruczki, un cualificado soldador húngaro de 31 años que busca trabajo en España, argumenta que en su país tampoco hay trabajo.
La fricciones entre españoles e inmigrantes crecen ante la competencia por una oferta de empleo menguante y todavía peor remunerada y así lo siente Roa, que duerme en una de las literas del albergue mientras su mujer y sus dos hijos de corta edad se hacinan en un apartamento que comparten con otras dos familias.
LIBERACIÓN DE LA PRESIÓN
Según la fundación de cajas de ahorro Funcas hasta 2010 se perderá otro millón de puestos de trabajo llevando el total de parados a más de 4 millones.
Esto supondría tener más desempleados que Alemania, cuya población es casi dos veces superior a la española.
Como otras naciones como Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda, España lucha por liberarse de la financiación exterior y contener el crash inmobiliario.
Pero a diferencia de sus rivales europeos, no encuentran un sustituto para un modelo económico que generó un empleo intensivo –8,5 millones de empleos en 13 años– basándose en la construcción.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha agotado su capacidad de gasto público tras una avalancha de medidas de estímulo económico de más de 70.000 millones de euros.
Por otra parte, ha preferido no entrar en reformas laborales y educativas que podrían impulsar la floja competitividad del país pero también general descontento social como en Grecia.
A su favor tiene una oposición conservadora incapaz de adelantar a los Socialistas en las encuestas de intención de voto y unos sindicatos cuyos vínculos con el Gobiernos son estrechos.
Para el economista Rafael Pampillón una cuestión clave es cuántos inmigrantes van a volver a sus respectivos países de origen durante la crisis.
Los esfuerzos del Ejecutivo para promover su marcha, entre ellos el ofrecimiento de pagar el billete de vuelta a casa, no han tenido muchos resultados, y en el primer mes del programa de retorno sólo se apuntaron 767 personas.
España consiguió que el número de inmigrantes ilegales que arribaron a sus costas disminuyese un 26 por ciento en 2008 gracias a la cooperación con países africanos, aunque siguen llegando por millares.
En opinión de Pampillón, profesor de la escuela de negocios madrileña IE, cada nuevo inmigrante engorda el ejército actual de parados y hay que evitar las tensiones sociales en escuelas, hospitales y el mercado de trabajo.
Al ser los extranjeros el 12 por ciento de la fuerza laboral, España no tiene otra opción que mejorar la integración de los inmigrantes y los jóvenes, reducir la alta tasa de abandono escolar y encontrar nuevas fuentes de crecimiento en empleo, sugiere por su parte la OCDE.
Zapatero ha dicho que las iniciativas económicas deberían empezar a notarse en marzo y que España puede evitar un daño social y económico a largo plazo.
Mientras tanto, los trabajadores de albergues están preocupados por que se produzca una avalancha de personas sin hogar cuando se les acaben las prestaciones por desempleo y que algunos se conviertan en sin techo con carácter crónico.
El francés Anthony Remigerau, subdirector del albergue vallecano, dice que tras diez meses o un año en la calle la gente comienza a deteriorarse y es difícil recuperarse.
Cargando ...
Los comentarios están cerrados.