Si los jueces decieran finalmente convocar una jornada de huelga en toda España, se quedarían sin resolver cerca de 33.700 asuntos judiciales y en torno a 5.900 sentencias se quedarían sin dictar.
Estos datos estimativos son el resultado de dividir el número de asuntos judiciales resueltos a lo largo de un año (8.259.781 según la memoria del Consejo General del Poder Judicial de 2008) y el número de sentencias dictadas (1.452.581, según la misma fuente) por el número de días hábiles.
Precisamente este miércoles los jueces celebrarán juntas en todos los órganos judiciales de España para decidir si se suman a la huelga que para el día 18 de febrero han convocado sus compañeros de Murcia, Extremadura y Zamora o si simplemente dedicarán esa jornada a realizar actos de protesta, tal y como proponen las asociaciones judiciales.
Las demandas de la carrera judicial pasan por la instauración de la nueva oficina judicial, la implantación en los juzgados de las nuevas tecnologías, el establecimiento de una carga máxima de trabajo razonable que pueda asumir cada juez, la adopción de medidas necesarias para la conciliación de la vida laboral y familiar de los magistrados y una adecuación de las retribuciones que perciben.
Las cuatro asociaciones judiciales advirtieron que, además de la jornada de protesta para el 18 de febrero, si los poderes públicos no dan una respuesta clara a sus reivindicaciones, convocarán una jornada de huelga para el 26 de junio.
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