El Ministerio de Defensa indemnizará a la esposa y al hijo de un oficial del Arsenal de la Armada, M.G.G., personal civil adscrito al departamento de electricidad, que falleció el 27 de septiembre de 2004 "en acto de servicio" a causa de un mesotelioma pleural maligno causado por su exposición al amianto, un material altamente cancerígeno que se ha empleado en la construcción naval durante décadas.
La Administración central admite la responsabilidad patrimonial del Estado en la muerte del trabajador y fija una indemnización económica de 106.275,53 euros para la viuda y 8.856,3 más para el hijo. La resolución estimatoria de Defensa, hecha pública por CC.OO., fue dictada el 11 de diciembre de 2008 en Madrid por la Subsecretaría de Defensa, tras la demanda interpuso el sindicato el 22 de diciembre de 2006 en nombre de la viuda y del hijo del fallecido.
El trabajador, fallecido a los 54 años, estaba adscrito al departamento de electricidad y buques de la Armada. Según relata el escrito de la Administración central, desarrolló la enfermedad que derivó en su muerte a causa de "la inhalación de fibras de asbesto (amianto) durante el desarrollo de su actividad profesional".
En los fundamentos de derecho que recoge la resolución, Defensa admite que "conocía el riesgo" por "el nutrido electo de disposiciones normativas que reconocen la peligrosidad y toxicidad del amianto" quedando, por ello, "obligada a responder de los perjuicios derivados del uso del material". Como conclusión, la resolución admite que "el fallecimiento del oficial resulta imputable a la Administración".
FONDO DE GARANTÍAS
CC.OO. instó al Gobierno central a la apertura de un fondo de garantías similar al que ya funciona en otros estados de Europa para que canalice las indemnizaciones al asumir la responsabilidad del Estado cuando así proceda, y evite a los demandantes el recurso al litigio judicial.
En el área de Ferrol, el uso durante décadas del amianto en la construcción naval civil y militar ha provocado que el número de enfermos por asbestosis, según los datos contabilizados en el área sanitaria, ascienda a 1.250, aunque las asociaciones de afectados elevan esta cifra hasta los 2.000, dado que se trata de dolencias que tienen un largo tiempo de latencia, y que pueden tardar en manifestarse 30 años. El amianto está prohibido totalmente en España desde el año 2002.
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