El juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, defendió ayer el derecho de los jueces a realizar huelga y señaló que, en función de los encuentros que él ha venido manteniendo con jueces decanos de otras grandes ciudades, es previsible que en las juntas que se celebrarán el próximo día 21 en los órganos judiciales de toda España se respalde de forma generalizada la propuesta de las asociaciones para realizar alguna "acción reivindicativa" el 18 de febrero y posponer una eventual huelga al mes de junio.
González Armengol hizo estas reflexiones al término de una reunión mantenida ayer entre los jueces decanos de dedicación exclusiva Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia y Palma de Mallorca (faltaron los de Bilbao y Zaragoza) y un grupo de letrados del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para tratar las reivindicaciones que se plantearán al Ministerio para la modernización de la Justicia.
Preguntado por los periodistas, González Armengol aludió a que el artículo 28 de la Constitución, que regula los derechos fundamentales a la sindicación y a la huelga, no excluye al colectivo de jueces, "y lo que la Ley no distingue no se debe distinguir", explicó.
Sobre el ambiente que se respira en la Carrera de cara a las juntas convocadas para el próximo miércoles, el decano de Madrid señaló que si no se produce una mejora clara de los recursos de la Administración de Justicia es "muy probable" que se convoquen acciones reivindicativas el próximo 18 de febrero y una huelga para el 26 de junio, tal y como propusieron de forma conjunta, el pasado lunes, las cuatro asociaciones de jueces españolas.
LOS JOVENES Y NO ASOCIADOS.
No obstante, González Armengol advierte que no cree que exista unanimidad, en parte porque hay que tener en cuenta que el 40 por ciento de los casi 4.000 jueces que ejercen en España no está asociado, y porque muchos de los más jóvenes, que son los que en mayor medida se están movilizando en el foro intranet que funciona entre los juzgados, se inclinan por no esperar a junio para hacer efectivos los paros.
A ello se añade que los jueces de Murcia, Extremadura y Zamora, que fueron los que fijaron huelga para febrero en sus respectivas juntas del pasado mes de noviembre, no parece que vayan a rectificar sus posiciones iniciales.
El juez decano añadió que la actual situación es "peliaguda" y que cree las principales reivindicaciones que ayer plantearon los decanos ante el CGPJ son "asumibles" en un plazo de unos cinco años.
COMO EUROPA EN CINCO AÑOS.
Aclaró que los principales planteamientos no son los retributivos, sino, principalmente, el incremento de la planta judicial hasta los 20 jueces por cada 100.000 habitantes, ya que actualmente España se encuentra a la cola de la UE en este asunto y con la mayor carga de trabajo por juzgado. "Pedimos al menos llegar al nivel de Portugal, de 16 jueces por cada 100.000 habitantes", dijo González Armengol.
Además, reclaman un incremento de las partidas presupuestarias destinadas a Justicia, para que pasen del 1 por ciento actual al 3,5 por ciento en cinco años; así como la puesta en marcha efectiva de la nueva oficina judicial en el plazo de un año.
Agregó que el problema de la Justicia es un problema estructural de hace treinta años y que ya es hora de que "se coja el toro por los cuernos" aunque, "desgraciadamente, la actual situación de crisis económica está afectando a las estructuras judiciales".
Preguntado sobre la vinculación de las movilización al "caso Tirado" por parte del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, González Armengol respondió que "eso forma par5e del juego político", aunque la sanción ya se ha producido y el denominado ‘movimiento 8 de octubre’ (que inició las movilizaciones tras una reunión de jueces decanos en Cádiz, celebrada en dicha fecha), es anterior a lo acontecido con el juez sevillano.
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