Los principales sindicatos policiales (SUP, CEP y SP) mostraron ayer su "apoyo" a las reivindicaciones de las asociaciones de jueces y responsabilizaron al Gobierno de la situación "lamentable" en la que encuentra la Administración de Justicia. Además, reclamaron que se reconozca a los miembros de la Carrera Judicial el derecho a la huelga y se extienda éste también a los policías y guardias civiles.
"Lo que parece tener poco sentido es que los médicos puedan llevar a cabo huelgas cuando de ellos depende la vida de los enfermos y que no puedan hacerlo los jueces", indicaron en un comunicado conjunto, donde defendieron que los magistrados al ser funcionarios públicos deberían poder ejercer todos los derechos, si bien existe la necesidad de establecer unos servicios mínimos en el caso de la huelga.
Las centrales sindicales denunciaron que la "carencia crónica" de medios materiales "hace imposible" el cumplimiento de "la misión constitucional" de los magistrados. "Los funcionarios de la Administración no tienen ninguna responsabilidad en este estado de cosas", señalaron, para criticar que los Gobiernos "nunca" han destinado los recursos precisos para lograr una Justicia "ágil y eficaz".
Por todo ello, dieron "la razón" a las asociaciones del colectivo y acusaron al Ejecutivo de ser "responsable del mal estado" de la Administración judicial, en la que, dijeron, "falta presupuesto y trabajo y sobran declaraciones y escaparates de cara a la galería". "Exactamente lo mismo que ocurre con el Cuerpo Nacional de Policía", concluyeron.
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