El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, presidió ayer la ratificación de la firma del Pacto por la Sanidad entre el conseller Manuel Cervera y todos los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial que, entre otros acuerdos, prevé la reconversión de 4.500 puestos en estructurales de plantilla y la provisión definitiva este año de 5.500 plazas.
Así, tanto el jefe del Consell como los representantes de CEMSATSE, UGT, CCOO, CSI-CSIF y USAE coincidieron en poner de manifiesto, como reconoce el pacto, la necesidad de que el nuevo modelo de financiación autonómica reconozca el incremento de un millón más de población de la Comunitat Valenciana para garantizar el sistema sanitario. Por su parte, el presupuesto autonómico destinará un total de 2.533 millones para atender los puestos de trabajo de los 57.000 profesionales sanitarios, un 9,1 por ciento más que el año anterior.
Al respecto, Camps aludió al "sobreesfuerzo económico y presupuestario" que realiza la Generalitat "por encima de la media nacional" para "seguir atendiendo" el sistema sanitario público valenciano y en este sentido recalcó que los 1.150 millones de euros anuales que se reclaman "no se trata de un dinero adicional, sino de objetivamente reconocer las personas que viven en la Comunitat". "Yo no estoy pidiendo dinero adicional a nadie sino que se reconozca que los 60.00 profesionales de la Sanidad atiendan una población mucho mayor", sintetizó.
Del mismo modo, insistió en que la Generalitat "se ha comprometido a mantener, con independencia de las circunstancias económicas y sociales, a seguir manteniendo el mismo esfuerzo presupuestario para las políticas sociales". Así, garantizó que "todo el dinero que corresponda a la Comunitat por el reconocimiento de la población real se destinará a Sanidad, Educación y Políticas Sociales".
Por su parte, Arturo León, de CCOO, aprovechó la ocasión para pedir que los recursos adicionales que reciba la Comunitat se destinen a la comisión de servicios públicos, especialmente la Sanidad, y que se regule por convenio autonómico las condiciones laborales y retributivas de los profesionales de los centros sanitarios de titularidad pública gestionados por concesión administrativa.
Asimismo, Luis Lozano, de UGT, destacó en un momento de "una crisis económica de dimensiones desconocidas" la voluntad del Consell de "cumplir escrupulosamente" con los acuerdos para no recortar los derechos sociales, aunque mostró su preocupación porque no se hayan cumplidos todos los puntos de los acuerdos de 2008 de la Oferta Pública de Empleo, de la definición de la jornada laboral o de la constitución de mesas técnicas, así como por la revisión de las cuantías de atención continuada, mientras que se felicitó por el cumplimiento de los acuerdos sobre la carrera profesional de 2006 y 2007.
Daniel Matoses, de CSI-CSIF, mostró su satisfacción por este pacto que evidencia que "el diálogo y el consenso es el mejor camino para avanzar en el progreso y bienestar de los ciudadanos y de los profesionales", mientras que Luis Salaberry, de USAE, destacó el compromiso de la Administración para cumplir con los compromisos "pese a la crisis" y por ello, garantizó que desde su sindicato se seguirá apoyando todas las iniciativas que se adopten para mantener la calidad asistencial de los ciudadanos y unas "condiciones laborales ópticas".
Por último, desde CEMSATSE, Ana Pareja reclamó mejoras profesionales y laborales, además de las económicas, para la Enfermería en correspondencia a su preparación, Mientras que Andrés Cánovas reclamó un Consejo Valenciano de la Profesión Médica.
ACUERDO
El pacto prevé el compromiso de la Consellería de continuar publicando de forma bienal las Ofertas de Empleo Público hasta conseguir la inexistencia técnica del empleo temporal, se obliga a consultar a los sindicatos cualquier propuesta oficial que se pretenda plantear ante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y a cumplir los acuerdos suscritos hasta la fecha, pese a las dificultades económicas actuales.
Además, entre otros aspectos, las partes establecerán canales fluidos de comunicación y reconocen "la insuficiencia de la financiación autonómica" que recibe la Comunitat desde el Gobierno Central por lo que consideran "necesario para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público de calidad, establecer un modelo de financiación adecuado que, bajo el principio de solidaridad entre los distintos territorios españoles, esté siempre vinculado a datos de población reales y actualizados".
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