El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, defendió hoy la normativa laboral vigente y recordó que más del 90 por ciento de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que las empresas radicadas en España solicitan a las autoridades laborales han concitado, previamente, el consenso de patronal y sindicatos. En cualquier caso, el ministro consideró oportuno "que pueda haber una reflexión" sobre los ERE en general.
De visita en Zaragoza, el titular de Trabajo indicó que la normativa obliga a que sindicatos y dirección de empresa se pongan de acuerdo a la hora de presentar un expediente de este tipo, pero "eso no quita para que pueda haber una reflexión en torno a algunas cosas que mantienen los ERE".
Así, comentó, cuando una empresa solicita la aprobación de un ERE sin acuerdo previo, las autoridades laborales, tanto las autonómicas como la central, "lo que hacen es posicionarse objetivamente, en función de la legislación".
En cualquier caso, "el ministerio siempre estará abierto a averiguar, a investigar, cualquier situación que pudiera ser irregular" si una hipotética irregularidad estuviese motivada "por un interés específico para utilizar una legislación para hacer un fraude en beneficio de una situación más individual que general".
Celestino Corbacho aludió, a preguntas de la prensa, a la demanda de incrementar el diálogo social formulada ayer por el secretario general de UGT, Cándido Méndez.
El ministro explicó que el diálogo social entre patronal, sindicatos y Gobierno central está articulado en torno a varias mesas, es decir, órganos permanentes de negociación, algunas de las cuales mantienen más encuentros internos que públicos. "Tenemos una necesidad de darle más visibilidad a las mesas", en especial la mesa coordinadora.
PAGO GARANTIZADO
El ministro de Trabajo insistió en que el Gobierno de España garantiza el pago de todas las prestaciones por desempleo a todos los trabajadores que cumplan los requisitos y anunció que, en 2009, las cuotas de la Seguridad Social que pagarán empresas y trabajadores "quedarán por debajo del coste global del monto del desempleo", pero siempre estará garantizado el pago completo de todas las prestaciones.
Corbacho se expresó de este modo en un breve encuentro con los medios de comunicación en Zaragoza, donde presidió una reunión oficial de los responsables del Servicio Estatal de Empleo de toda España.
Tras indicar que este servicio es "eficiente" en Aragón y que no hay disfunciones entre las tres provincias, el ministro de Trabajo explicó que el objetivo del encuentro es optimizar la prestación de este servicio.
Celestino Corbacho dijo que, durante los últimos nueve meses, la carga de trabajo de los empleados del Servicio Estatal de Empleo se ha incrementado en un 36 por ciento, ya que el número de expedientes ha crecido en un millón y medio. Aun así, "estamos rebajando el tiempo medio de reconocimiento de las prestaciones", señaló.
La media nacional era de 16 días y ahora "estamos en un dígito de media, hemos bajado a la mitad". El ministro confió en que en tres o cuatro meses pueda ponerse en marcha el servicio de reconocimiento de prestaciones por internet.
El Servicio Estatal de Empleo también trabajara para recortar el periodo que transcurre entre el momento en que un trabajador pide cobrar el paro y el Gobierno central le reconoce el derecho y abona la primera mensualidad. Como ejemplo, Corbacho dijo que el Ministerio pretende que los trabajadores que queden en paro el día 20 de un mes puedan percibir el primer pago al mes siguiente, "si no hay impedimento" jurídico.
El ministro de Trabajo afirmó que el Ministerio ha incorporado a 1.400 nuevos empleados públicos para reforzar las plantillas y que, en total, a los 5.700 empleados de este servicio se unen otros 9.000 funcionarios de las Comunidades Autónomas dedicados a los servicios de empleo.
HUELGA DE CELO
Respecto a una supuesta huelga de celo de pilotos de aviación de líneas aéreas comerciales, Celestino Corbacho indicó que el ministerio sólo interviene, en estos casos, cuando se debe tomar alguna decisión desde el punto de vista jurídico, si previamente lo pide el Ministerio de Fomento.
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