El grupo del PP en el Congreso de los Diputados ha anunciado que presentará en el Tribunal Constitucional (TC) un recurso contra dos preceptos de los Presupuestos Generales del Estado para 2009 que "recortan las pensiones de los funcionarios".
Así consta en el texto que ha elaborado el grupo popular tras la reunión que el pasado viernes tuvo la portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría, con el equipo económico del partido.
La entrevista se centró especialmente en el análisis de dos disposiciones de los Presupuestos ya aprobados por las Cortes Generales, pues ambas, a juicio del PP, "recortan las pensiones de los funcionarios públicos".
El PP recalca en su texto, al que ha podido acceder Efe, que la Disposición Adicional Decimotercera pretende reducir el importe de las pensiones de jubilación por incapacidad permanente para el servicio, mientras que la Decimosexta establece "la incompatibilidad de la percepción de una pensión de jubilación con el desempeño de un puesto de trabajo en el ámbito privado".
Además de la vulneración de la ley que regula las clases pasivas, el grupo popular estima que ambas cláusulas incumplen el principio de seguridad jurídica que avala la Constitución.
Igualmente reseña que no hay informe o memoria económica que justifique la reforma.
Para el PP son también importantes los motivos políticos, especialmente por cuestiones de forma, pues, según explica, cualquier retoque en el sistema de pensiones ha de efectuarse por consenso en el marco del Pacto de Toledo.
Y acusa al PSOE de "engañar a los ciudadanos" con la inclusión en los PGE de ambos aspectos, que "van en contra de su propio programa electoral y de sus reiteradas declaraciones de compromiso con el gasto social".
"No es admisible este recorte de derechos sociales, máxime en el contexto de incertidumbre y dificultades económicas que atraviesan las familias españolas en estos momentos", sentencia el PP.
El grupo popular recuerda en su escrito que durante la tramitación parlamentaria de los Presupuestos pidió la supresión de las dos disposiciones, a lo que se negó el PSOE, ya que únicamente aceptó "graduar" la redacción de la Disposición Adicional Tercera.
Ambas medidas afectarían sobre todo a militares, policías y guardias civiles, puntualizan los populares.
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