El Gobierno aprobó el viernes el anunciado proyecto de reforma de la Ley de Extranjería que endurece las medidas de reagrupación familiar. El ministro Corbacho lo justifica para evitar frustración en los inmigrantes. La reforma también amplia de 40 a 60 días el tiempo máximo para cumplir los trámites administrativos necesarios para poner en marcha la repatriación de ‘sin papeles’ y el reconocimiento de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución para este colectivo. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se mostró segura durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de que "una mayoría de fuerzas políticas" respaldarán la iniciativa en el Congreso.
La actual legislación sobre reagrupación familiar para extranjeros contempla la posibilidad de que padres y abuelos puedan reunirse con sus familiares siempre y cuando el inmigrante que resida en España haya renovado la autorización inicial de residencia. Con la reforma que pretende el Gobierno, esta posibilidad quedará restringida a quienes lleven más de cinco años en el país y tengan, por tanto, autorización de residencia permanente, aunque solamente será aplicable en los casos de familiares en línea ascendente.
El objetivo es mantener la sostenibilidad de una política migratoria donde la capacidad de acogida no es ilimitada y donde la prioridad es la familia nuclear; es decir, padres e hijos. Por ello, los requisitos en este aspecto no variarán, pero sí lo harán en torno a los padres o abuelos del inmigrante que resida en España.
Estos inmigrantes sólo podrán traer a sus familiares siempre y cuando tengan más de 65 años, estén a su cargo y "existan razones que lo justifiquen", ya que "la capacidad de acogida no es ilimitada", y esto puede desembocar en una "frustración" para los inmigrantes que pretenden asentarse en España, según declaró el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Además, el proyecto aprobado por el Consejo de Ministros propone una reforma en el tiempo de internamiento al que serán sometidos los inmigrantes que se encuentren a la espera de una orden de expulsión o repatriación. Según explicó Corbacho, "el Gobierno y el Ministerio del Interior siempre barajaron ampliar el plazo hasta la cifra de 60 días, tiempo que se considera necesario para poder cumplir los trámites administrativos", por lo que si este Anteproyecto sale adelante, el plazo máximo de internamiento pasará de 40 días a 60.
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
Otra de las medidas que contempla el proyecto es el reconocimiento de los derechos fundamentales contemplados en la Constitución para todos los inmigrantes irregulares. En ese supuesto, el objetivo es garantizar los derechos fundamentales que pertenecen a todas las personas por el hecho de serlo. Entre estos derechos, se reconocerá la posibilidad de asociarse, reunirse y sindicarse.
Así, se construirá un acceso escalonado a otros derechos a partir de la residencia legal, y que se verán paulatinamente reforzados hasta alcanzar la residencia de larga duración. Con ello, se pretende perfeccionar el sistema de inmigración legal y ordenada, favorecer la integración de los inmigrantes y aumentar la lucha contra la irregularidad de la inmigración.
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