El Juzgado de lo Social número 21 de Madrid sienta hoy en el banquillo de los acusados a los responsables de la Fundación Miguel Martínez Pascual, que depende de la vidente de El Escorial Amparo Cuevas, por no dar de alta en la Seguridad Social a 45 trabajadoras que están internas en la residencia, atendiendo a 100 ancianos.
Las mujeres, que visten hábito pese a no estar reconocidas por el Vaticano para ejercer la función de monjas, no tienen salario, aunque reciben manutención y alojamiento por su trabajo.
El presidente de la Asociación de Víctimas de las Apariciones de El Escorial, Juan Carlos Bueno, denunció ante Inspección de Trabajo que la Fundación Miguel Martínez Pascual realiza "una actividad empresarial", atendiendo a más de 100 ancianos que "pagan su ingreso con sus pensiones, ahorros y pisos". La residencia alega que no tiene por qué dar de alta a las trabajadoras.
"Que no tengan contrato es muy fuerte. Tienen a su nombre 30 fincas y chalets y varias fundaciones para ocultar el movimiento de dinero. Las trabajadoras van vestidas de monja y no están reconocidas por Roma. Es una manipulación del hábito", denunció Bueno.
En opinión del denunciante, en la fundación de Cuevas se produce "una violación de los derechos fundamentales de la persona como es el derecho a unas condiciones laborales dignas y seguridad social". Además, subrayó que se defrauda a la Caja solidaria de la Seguridad Social que sirve para pagar "las pensiones" de los jubilados.
Al juicio que se celebra hoy deben presentarse a declarar el presidente de la Fundación Miguel Martínez Pascual, la vidente Amparo Cuevas y 12 mujeres que trabajan en la residencia. Es previsible que Cuevas no acuda a declarar por su delicado estado de salud. El pasado junio, una juez se trasladó a la residencia de Cuevas para tomarle declaración por delitos continuados de estafa, asociación ilícita, detención ilegal y coacciones. La vidente negó los hechos que se le imputaban y sostuvo que "no se estafa, ni coacciona".
Hace unas semanas, la juez acordó archivar la querella por presunta estafa y coacciones presentada contra Cuevas y diez colaboradores de las fundaciones creadas en torno a las supuestas apariciones de la Virgen en El Escorial. La magistrado decidió dar carpetazo a la investigación al no apreciar delito.
RESPALDO JUDICIAL A UN ADEPTO
La pasada semana, la Audiencia Provincial de Madrid rechazó incapacitar para administrar sus bienes al hermano de la presidenta de la citada asociación, José Luis Bueno, un adepto a la vidente de El Escorial, al desestimar el recurso de apelación presentado por su hermano contra la sentencia dictada por el Juzgado número 1 de Instancia de San Lorenzo de El Escorial que determinó que era capaz de discernir por sí mismo.
La Justicia dio la razón al seguidor de Cuevas al asegurar que tiene plena capacidad de "tomar decisiones y de gobernarse por sí mismo". Además, la Audiencia recalca que "la opción religiosa o de culto que ha optado el demandado" lo ha hecho de manera "libre, voluntaria, consciente y constitucional". Conforme a la prueba pericial, la Sala explica que no se ha demostrado que José Luis padezca "una enfermedad o padecimiento de índole psiquiátrico".
Su hermano, que instó la incapacitación de José Luis en 2006, tiene previsto recurrir en amparo al Tribunal Constitucional al no tener en cuenta la Audiencia las pruebas presentadas por la acusación.
El calvario de este hombre se inició en octubre de 2005 cuando José Luis comunicó a sus hermanos que iba a vivir en la Asociación Pública de Fieles Virgen de los Dolores de El Escorial, una de las fundaciones que depende de Cuevas, quien asegura que se le aparece la Virgen en un prado de El Escorial.
La ‘Asociación de Víctimas de las Supuestas Apariciones de El Escorial’ lleva denunciando estos hechos desde hace más de dos años. Según indicaron, en marzo de 2007 mandaron un escrito al Gobierno de la Nación poniéndoles al corriente de la situación, sin embargo no obtuvieron una respuesta positiva.
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