El pleno del Parlamento Europeo dio ayer su visto bueno, en primera lectura, a la norma que pretende dar un papel más relevante a los comités de empresa europeos en las compañías de dimensión comunitaria.
Con la revisión de una legislación que data de 1994, la Comisión Europea trata de garantizar que los trabajadores de empresas trasnacionales sean consultados de forma adecuada ante grandes decisiones como traslados y reestructuraciones.
El ejecutivo de la UE espera un aumento de la proporción de comités de empresa europeos (que ahora sólo hay en el 36 por ciento de las compañías a las que se aplica la directiva) y, sobre todo, mejor información a los trabajadores.
Bruselas decidió proponer cambios legislativos después de que la patronal y los sindicatos de la UE no fueran capaces de llegar a un acuerdo.
Entre los cambios incluidos en el texto a iniciativa del Parlamento figura la obligación de que la información facilitada a los representantes de los trabajadores les permita "hacer una evaluación detallada del posible impacto" de cualquier medida planeada por la dirección y, si es necesario, organizar reuniones con los órganos competentes de la empresa.
La directiva deja claro que serán considerados trasnacionales los asuntos que afecten a los trabajadores de un grupo en al menos dos Estados miembros o que excedan las competencias del órgano decisorio de la empresa en un sólo país.
Pero, con objeto de evitar dudas a ese respecto, la Eurocámara incluyó enmiendas que precisan que cuando una decisión de cierre o reestructuración se tome en un país pero afecte a los trabajadores de otro, también se considerará una cuestión trasnacional.
Los eurodiputados también decidieron eliminar el límite de cincuenta empleados para el establecimiento de órganos especiales de negociación (como un paso previo a la constitución de comités de empresa europeos), para no discriminar a los Estados miembros más pequeños que tendrían dificultades para llegar a ese número.
Esos órganos especiales de negociación podrán recurrir a la asistencia de expertos, incluidos representantes de las centrales sindicales comunitarias.
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