El ministerio de Trabajo e Inmigración presentó ayer el Programa Voluntario de Reducción de Accidentes (Prevea), con el que se pretende reducir la siniestralidad laboral en un 20% en empresas de hasta 500 trabajadores en un plazo de dos años.
Las empresas que lo soliciten contarán con el asesoramiento de las administraciones públicas para desarrollar acciones concretas de reducción de la siniestralidad y no deberán rendir cuentas, con carácter general, a lo largo de estos dos años.
La presentación del plan, en marcha desde el mes de octubre en el marco de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2008-2012, corrió a cargo de la secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, el director de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Raimundo Aragón, y la directora del Instituto Nacional de Salud e Higiene en el Trabajo (INSHT), Concepción Pascual.
El programa prevé contar con la adhesión de al menos 300 empresas (entre 10 y 25 por cada CC.AA., en virtud de su capacidad de gestión) de entre 10 y 250 empleados, o hasta 500, cuando la empresa haya acordado su modalidad organizativa y la elección del servicio de un servicio de prevención ajeno.
Estas empresas deben presentar índices de siniestralidad superiores a la media dentro de su rama de actividad o estar incluidas entre las empresas objetivo del programa de acción contra la accidentalidad laboral de su comunidad autónoma. Asimismo, al ser un programa voluntario, deben contar con el apoyo de los trabajadores o de sus representantes en la aplicación del programa.
Las empresas que cumplan estos requisitos podrán solicitar su ingreso en el programa para, con el asesoramiento de los órganos técnicos de las comunidades autónomas y las Mutuas, desarrollar un plan de acción con medidas concretas a ejecutar en 24 meses. Así, la empresa se comprometerá a informar periódicamente de las acciones llevadas a cabo y de los resultados obtenidos.
AHORRARSE EL SEGUIMIENTO DE LA INSPECCION.
En este proceso, la labor de la Inspección de Trabajo será vigilar "a distancia" todo el proceso, según Aragón. Si bien, durante este periodo, no realizará visitas planificadas y no sancionará las deficiencias que estén programadas para corregirse, a excepción de los casos de accidente de trabajo grave o mortal, enfermedad profesional grave o denuncia. Según Aragón, la adhesión del plan supone "enterrar el hacha de guerra" con la Inspección.
Además, Aragón explicó que inicialmente está previsto que un 20% de las empresas correspondan al sector de la construcción que, dijo, es un "punto negro" en los índices de siniestralidad.
En el plano de los costes, el asesoramiento será gratuito, mientras que serán las empresas las que costeen las medidas concretas a adoptar, si bien, como precisó Aragón, las causas de la siniestralidad a menudo se centran en aspectos organizativos, con lo que su corrección apenas tiene costes.
BUENOS RESULTADOS PRELIMINARES.
Según indicó Aragón, meses antes a la difusión del plan en el mes de octubre, se puso en marcha un proyecto piloto en cinco comunidades autónomas (Cataluña, Navarra, La Rioja, Baleares y Extremadura) y con la colaboración de una Mutua, en la que participaron 30 empresas. El balance arrojó un descenso de la accidentalidad superior al 20% perseguido y además demostró que el proyecto es viable.
Finalmente, Rojo destacó que este programa persigue un "cambio de cultura" basada en la voluntariedad y el compromiso de todas las partes implicadas en la empresa de reducir la siniestralidad y la implicación de las comunidades autónomas. En este sentido, señaló que esta complementariedad en el ámbito laboral es "fundamental" y ha de ser cada vez más "relevante".
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