El Parlamento Europeo afronta dividido la votación, que se llevará a cabo el próximo miércoles, de la norma que permite ampliar la jornada laboral máxima a 65 horas semanales. El reparto de fuerzas es tan ajustado que resulta difícil pronosticar si los eurodiputados bloquearán esta directiva, que fue aprobada por los ministros de Trabajo de la UE el pasado mes de junio con la oposición de España, o le darán su visto bueno definitivo.
Al tratarse de una votación en segunda lectura, la Eurocámara sólo puede bloquear la norma si aprueba alguna enmienda por mayoría absoluta (393 votos). En ese caso, o bien los 27 aceptan las enmiendas –cosa que sólo ocurrirá si no afectan a la sustancia del texto– o bien se abre un nuevo periodo de negociación de 90 días (denominado ‘conciliación’) entre el Parlamento y el Consejo al cabo del cual, si no hay acuerdo, decae el texto. Si el Parlamento no aprueba ninguna enmienda, la directiva de las 65 horas quedaría automáticamente aprobada.
A priori, la mayoría del Partido Popular Europeo apoyará la jornada laboral de las 65 horas, mientras que socialistas y grupos de izquierda están en contra y votarán a favor de las enmiendas para paralizar el texto. Pero los propios grupos políticos están divididos por países. Así, los populares españoles y portugueses, entre otros, se oponen a las 65 horas. En contraste, se prevé que los laboristas británicos voten a favor porque el primer ministro de Reino Unido, Gordon Brown, es el máximo impulsor de esta norma. Lo mismo ocurre con muchos socialistas de los países del Este. Por su parte, el 70% de los liberales apoyan las 65 horas y el resto podría votar en contra, según un portavoz del grupo.
Este lunes se manifestaron en Estrasburgo varios centenares de médicos (250 según la policía y 400 según los organizadores) contra la directiva. Y para este martes los sindicatos han convocado una gran manifestación contra las 65 horas en la que esperan congregar a unos 15.000 trabajadores.
Durante el debate celebrado este lunes, el ponente parlamentario, el socialista español Alejandro Cercas, dijo que el acuerdo de los Veintisiete sobre las 65 horas constituye un "enorme error jurídico y político". A su juicio, el uso de las excepciones (opt-out) a la jornada laboral de 48 horas semanales, que ya están permitidas en la legislación vigente a petición de Reino Unido, fomenta el ‘dumping social’ entre los Estados miembros, provoca "enormes desgastes en la salud y la seguridad de los trabajadores" y "dificulta la conciliación de la vida laboral y familiar".
Por su parte, la representante de la presidencia francesa, Valérie Létard, pidió al Parlamento Europeo que apoye el compromiso aprobado por los Veintisiete y evite llegar a una conciliación. Defendió que este compromiso constituye "un progreso para la situación de los trabajadores en Europa", ya que incluye más garantías para el uso de los ‘opt-out’ y una cláusula de revisión. Además, dijo que no hay "mayoría suficiente" en el Consejo de Ministros para suprimir las excepciones a las 48 horas.
"El Parlamento debe tener en cuenta que es urgente para algunos Estados miembros resolver el problema de los tiempos de guardia, que el compromiso comporta avances para los trabajadores y que no hay mayoría en el Consejo para suprimir el ‘opt-out’", insistió Létard.
También el comisario de Empleo y Asuntos Sociales, Vladimir Spidla, reclamó un acuerdo entre el Parlamento y los Veintisiete para resolver la inseguridad jurídica sobre las guardias médicas. Spidla pidió a los eurodiputados que sean "realistas", porque en estos momentos un total de 15 Estados miembros ya recurren al ‘opt-out’, frente a los 3 que lo hacían en 2003. "Muchos más Estados miembros quieren poder contar con esa posibilidad en el futuro", dijo Spidla, que recordó que estas excepciones ya están en la normativa actual y que la nueva directiva dará más garantías a los trabajadores para que los empresarios no abusen de ellas.
GUARDIAS MEDICAS
El acuerdo alcanzado por los ministros de Trabajo de la UE en junio permite que, en virtud de acuerdos individuales, empresario y trabajador puedan alargar la jornada laboral hasta 60 horas semanales, calculadas como media sobre un periodo de tres meses, e incluso hasta 65 horas en ausencia de un convenio colectivo o cuando el periodo inactivo de la guardia se considera tiempo de trabajo. Contra este compromiso votaron España y Grecia y se abstuvieron Bélgica, Chipre, Hungría, Malta y Portugal.
Frente a ello, el informe de Cercas suprime la opción de ampliar la jornada a 65 horas y exige la desaparición del ‘opt-out’ tras un periodo transitorio de tres años.
Los Veintisiete y el ponente parlamentario –cuyo informe fue aprobado por la comisión de Empleo de la Eurocámara por 35 votos a favor, 13 en contra y 2 abstenciones– tampoco están de acuerdo sobre la cuestión de las guardias médicas.
Los ministros pactaron que el periodo inactivo de la guardia (por ejemplo, cuando un médico duerme en un hospital) no debe considerarse como tiempo de trabajo a menos que la legislación nacional, un convenio colectivo o un acuerdo entre interlocutores sociales disponga lo contrario. Frente a ello, Cercas reclama que todo el tiempo de guardia se considera tiempo de trabajo.
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