El consejero de Empleo, Antonio Fernández, anunció esta semana que el Gobierno andaluz está dispuesto a llevar a los tribunales a aquellas empresas que pretendan aprovechar la actual situación de crisis económica "para intereses propios", poniendo "en peligro" la estabilidad de los trabajadores, al plantear expedientes de regulación de empleo.
En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento andaluz, Fernández valoró el hecho de que en el debate general sobre empleo celebrado en la Cámara se haya aprobado una propuesta de resolución donde se insta al Ejecutivo autonómico a adoptar medidas contundentes "para rechazar conductas empresariales que signifiquen la utilización de la situación de crisis para optimizar sus ganancias mediante despidos injustificados, revisión unilateral de condiciones de trabajo o presentación de expedientes de regulación de empleo injustificables".
En caso de darse una situación así, según agregó el consejero, la Junta procedería a la desestimación del expediente, el levantamiento de actas de inspección o la consideración de la actuación como un "ilícito penal, cuestión que no se va descartar porque el Código Penal tipifica como un delito las acciones u omisiones empresariales que pongan en peligro la estabilidad de los trabajadores".
Insistió en que no se descarta acudir a la vía judicial ante actos "no sólo de insolidaridad social o irresponsabilidad, sino de agravio y bastantes atentatarios contra la propia convivencia social".
Por tanto, recalcó que ante quienes pretendan "aprovechar una crisis para intereses propios y poner en peligro la estabilidad de los trabajadores, no dudaremos, con la legitimidad que tenemos, en usar todas las medidas que el ordenamiento jurídico prevé para sancionar y perseguir a quien trate, por interés propio, beneficiarse de una situación que afecta a toda la ciudadanía".
Previamente, el consejero de Empleo informó ante el Parlamento de que el 88 por ciento de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) resueltos por la Junta entre enero y septiembre han sido finalmente firmados con acuerdo de las partes.
Así, de los 175 expedientes resueltos, 154 han sido acordados con la intermediación de la Consejería de Empleo, mientras que 16 (un 9 por ciento) fueron resueltos sin consenso y 5 están en proceso concursal, en el que es el juez el que dictamina. Los trabajadores afectados por EREs resueltos son 4.614 personas.
Para el consejero de Empleo, el trabajo de la Junta en un "modelo de referencia a nivel nacional" en cuanto a la gestión de la corresponsabilidad de las partes implicadas en los EREs. En este sentido, insistió en que la labor de la Consejería está "amortiguando" el impacto sociolaboral del actual período de crisis.
En Andalucía, los 345 EREs presentados entre enero y septiembre de este año (muchos de los cuales no están aún resueltos) suponen un 11,29 por ciento más que los expedientes del mismo período de 2007, por debajo del incremento nacional, que se sitúa en el 12,19 por ciento.
Asimismo, este dato contrasta con los incrementos de EREs sufridos por comunidades que en años anteriores registraron modelos de crecimiento similares, como la Comunidad Valenciana (un 104,8 por ciento más), Murcia (16,67 por ciento) o Cataluña (29,71 por ciento).
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