La constructora Calpu, con sede en Madrid, ha sido declarada en concurso voluntario de acreedores por no contar con financiación para continuar con las obras en marcha, informaron ayer en fuentes de la empresa y del sindicato UGT.
La compañía, ante el parón de su actividad, ha llegado a un acuerdo con los representantes de los trabajadores para escindir los contratos de 48 de sus 53 empleados.
Con esta medida, pendiente de obtener la preceptiva autorización del juez concursal, la empresa persigue que sus empleados puedan beneficiarse de las prestaciones por desempleo o buscar nuevos trabajos.
Calpu se ha visto abocada a la insolvencia ante el impago de los clientes para los que trabajaba y la imposibilidad de obtener financiación bancaria.
Esta circunstancia ha provocado que, según las mismas fuentes, la compañía no contara con capital para pagar a sus proveedores y no pudieran seguir con las obras en marcha.
En este sentido, representantes de los trabajadores y la empresa se reunieron ayer con responsables del Ayuntamiento de Algete (Madrid) para pedir a esta institución que abone las cantidades que, según las mismas fuentes, adeuda a la compañía, según indicaron en fuentes de la Federación de Madera, Construcción y Afines de UGT (MCA-UGT).
La empresa construye para la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de este municipio una promoción de 25 viviendas de protección oficial (VPO). Las viviendas están ya sorteadas y adjudicadas pero las obras de construcción se detuvieron cuando estaban casi terminadas ante los problemas de insolvencia de Calpu.
La constructora, constituida en 1983 se dedica fundamentalmente a edificación de viviendas y edificios públicos. Tiene actividad en Madrid, Murcia, Ciudad Real y Melilla y en los últimos años registró una facturación media anual de unos 20 millones de euros, según las mimas fuentes.
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