El Tribunal Supremo ha anulado la sanción de 10.000 euros impuesta en 2004 por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por faltas graves al juez Central de lo Contencioso-Administrativo número 4 de la Audiencia Nacional, Manuel Arce Lana, por trato desconsiderado hacia los funcionarios a su cargo. El magistrado fue sancionado por intimidar y amenazar de forma reiterada a los trabajadores y por contínuos retrasos en su hora de llegada a las dependencias judiciales, que nunca era anterior a las dos de la tarde.
El alto tribunal considera que la multa prescribió dado que transcurrieron más de seis meses desde que la Comisión Disciplinaria del órgano de Gobierno de los jueces abrió en su contra expediente disciplinario –el 8 de marzo de 2004– hasta el momento en que se acordó la cantidad que debía abonar el magistrado, que se notificó a Arce el 15 de octubre de 2004.
El CGPJ tuvo en cuenta a la hora de imponer la sanción el hecho de que 23 funcionarios del Juzgado cesaron de su trabajo entre el 20 de junio de 1999 y el 20 de enero de 2004. Otros tres se dieron de baja por trastornos depresivos, ansiedad o estrés.
La apertura del expediente vino provocada por las denuncias del personal, incluida la secretaria titular del Juzgado, que certificó que la hora habitual de llegada del juez a las dependencias solía ser posterior a las 14.00 horas.
"MIEDO" ENTRE LOS FUNCIONARIOS
El CGPJ consideró acreditado, además, que el magistrado provocaba "mal ambiente" y "miedo" entre los funcionarios. El órgano de Gobierno de los jueces destacaba que Arce "gritaba al personal", daba "violentos puñetazos en la mesa", profería insultos como "feo", "gordo" o "calvo", amenazaba contínuamente con la apertura de expedientes y obligaba al personal a llamarle "Señoría Ilustrísima".
El informe del Consejo reflejaba algunas de las situaciones que tuvieron lugar en el Juzgado. Entre otras incluyía la experiencia vivida por una de las funcionarias que, tras un enfrentamiento con Arce "abandonó sollozando el despacho, se fue directamente a la calle y no volvió más".
El juez tuvo también sonados enfrentamientos con representantes de la Abogacía del Estado o procuradores. Arce niega absolutamente los hechos que se le imputaron, destaca la resolución que concluye que el procedimiento caducó por sovrepasar el plazo establecido.
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