El Gobierno defiende la protección del derecho al trabajo y contra el desempleo durante la crisis económica

El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel Lossada, defendió ayer la necesidad de protección de los derechos humanos relacionados con el trabajo y contra el desempleo –dispuestos en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos— en el marco de crisis económica y financiera mundial.

Durante el acto de conmemoración, en la Casa de América en Madrid, del 60 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos, Lossada recalcó que la única forma de "asegurar la estabilidad de las sociedades y la paz entre las naciones" es a través de la protección de los derechos sociales y económicos.

De esta forma, el secretario de Estado calificó a la Declaración como la "piedra angular de todo el sistema de protección y promoción" de estos derechos, y recordó el Plan de Derechos Humanos que aprobará este viernes el Consejo de Ministros, así como la iniciativa del Gobierno para desarrollar una moratoria universal contra la pena de muerte.

"Con estas iniciativas se trata de llamar la atención a los ciudadanos sobre la necesidad de defenderlos y protegerlos ya que será enriquecido permanentemente con nuevas propuestas y nuevos compromisos", recalcó, para insistir en la importancia que tiene "la participación de instituciones como el Parlamento, el Defensor del Pueblo, las ONGs, así como la implicación de las universidades y de la sociedad" para lograr los objetivos.

Asimismo, Lossada hizo un repaso por todas las iniciativas llevadas a cabo por el Gobierno para la defensa de los derechos, y garantizó la apertura de "nuevas vías como el reconocimiento y el desarrollo del derecho al agua, la eliminación de la discriminación por causa de orientación sexual, la aplicación efectiva de la igualdad de género, la lucha contra la trata de personas y la protección de los defensores de derechos humanos".

"QUEDA MUCHO POR HACER"

El acto estuvo también presidio por el presidente de la Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos-España, José Antonio Gimbernat; el responsable para España del Centro Regional de Información para Naciones Unidas, Carlos Jiménez; la magistrada y miembro del grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias, Manuela Carmena; y el ex Defensor del Pueblo y ex Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Álvaro Gil Robles; y el presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Lluis María de Puig. Todos ellos coincidieron en señalar el trabajo que "queda por hacer" para garantizar estos derechos.

A juicio de Gimbernat pese a que "hay un enorme camino por recorrer", los derechos humanos simbolizan el recuerdo que alienta a "todas las víctimas" para poder reclamar "lo que les procede". Además, recalcó el cambio de "carácter" que ha experimentado la Declaración desde 1948 hasta hoy en día ya que "ha pasado de ser meramente declarativo a tener un carácter de exigibilidad".

Por su parte, Carlos Jiménez indicó la importancia del documento puesto que "ha tenido un mayo efecto en la humanidad que cualquier otro en la era moderna". No obstante, el responsable para España del Centro Regional de Información para Naciones Unidas denunció que en la actualidad "para muchas personas esta Declaración sigue siendo una promesa incumplida".

"Aún estamos, a 60 años cumplidos, muy lejos de cumplir los objetivos plasmados en la Declaración" señaló, al tiempo que se mostró esperanzado en que "la próxima generación tenga unas mayores oportunidades para exigir lo que en documento se plasma".

Por el contrario, Manuela Carmena quiso transmitir, desde su "experiencia en distintos países", un mensaje optimista y afirmó que la Declaración supone ser "el mayor logro del siglo XX", aunque coincidió con sus compañeros de acto en que "hay que ser concientes en que todavía hay mucho por hacer, ya que nueve millones de personas siguen estando privadas de libertad".

El ex Defensor del Pueblo y ex Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa calificó a la Declaración como un "tejer y destejer continuo" por las "continuas guerras que han existido desde que se proclamara" y porque "en la actualidad hasta las democracias más sólidas europeas violan muchos de estos derechos".

"Tenemos una sociedad desamparada en valores democráticos. No hemos transmitido la importancia de la defensa de estos valores y sólo hemos defendido cómo conseguir el poder y la gloria, y los derechos individuales", denunció. De esta forma, Gil Robles avisó que "la violación de la Declaración no es un elemento que la pueda debilitar en sí misma".

En esta línea, Lluis María de Puig recordó que el gran fallo de la Declaración es que "se basa en los derechos individuales y no en los colectivos", lo que hace que haya "un abuso del poder individual". Además, recordó que en la actualidad hay "nueve países, de los 47 que forman el Consejo de Europa, que están en situación de incumplimiento de estos derechos".

"La mayoría son los países del Este que no han tenido una trayectoria democrática, pero también hay países como Francia, Inglaterra e Italia, que producen procesos legislativos que vulneran los principios establecidos en la Declaración", remachó, al tiempo que concluyó afirmando que "la Carta Social Europea–aprobada hace 30 años en Turín– hoy no se aprobaría ni de broma".