A una semana del voto en sesión plenaria, el Parlamento Europeo (PE) continúa muy dividido sobre la directiva que permitiría ampliar hasta un máximo de 65 horas semanales la jornada laboral, tal y como reconocieron el miércoles representantes de los principales grupos.
La Eurocámara, que se pronunciará el próximo miércoles sobre el texto, puede dar el visto bueno definitivo o, si aprueba modificaciones, forzar una negociación con los Estados miembros, que pactaron la directiva con la oposición de países como España.
El ponente del dossier en el PE, el español Alejandro Cercas (PSOE), se mostró ayer convencido en un encuentro con periodistas de que los eurodiputados no aceptarán la nueva legislación, que convertiría en definitiva la hasta ahora transitoria cláusula del "opt-out" que se aplica en algunos países y que permite, en caso de acuerdo entre el trabajador y el empresario, superar la jornada laboral habitual.
Para obligar a los países a negociar cambios en su propuesta, el PE necesita el voto en contra de los 393 eurodiputados que forman la mayoría absoluta en la Cámara.
La división dentro de los propios grupos políticos hace que casi nadie se atreva a vaticinar el resultado definitivo de la votación.
Según fuentes parlamentarias, algunos diputados, como los laboristas británicos, reciben presiones por parte de sus gobiernos para que apoyen el texto en contra de su idea inicial.
En principio, una mayoría del grupo socialista tiene previsto defender las tesis de Cercas, que rechaza frontalmente el "opt-out", una postura a la que se sumarán previsiblemente los grupos de la Izquierda Unitaria y Los Verdes.
Dentro del Grupo Popular Europeo, el encargado de lidiar con la directiva, el portugués José Albino Silva Peneda, apoya los principales puntos defendidos por Cercas y aprobados por la comisión de Empleo del PE.
Junto a él, votarán en contra de la nueva legislación, algunas delegaciones nacionales enteras como la española, mientras que otra parte del grupo apoyará el texto, algo que también está previsto que hagan la mayoría de los Liberales.
El acuerdo cerrado por los países el pasado mes de junio para sacar adelante la directiva -que llevaba bloqueada casi cinco años-
establece que, si así lo autoriza su país y él lo acepta, un empleado podrá trabajar hasta 65 horas semanales si se contabilizan los períodos de guardia y hasta 60 si ese no es el caso.
Además, los Estados quieren que los periodos inactivos de las guardias de los médicos no sean considerados tiempo de trabajo, después de que varias sentencias del Tribunal de Justicia de la UE hayan estimado que, según la ley actual, esos periodos deben calificarse como tiempo trabajado.
Esos fallos judiciales han colocado a la mayor parte de los países de la UE en una situación irregular, pues la mayoría de los médicos supera los límites fijados, y forzaron a los gobiernos a pactar la reforma.
Más allá de estos hechos, la directiva ha abierto un debate ideológico en la Eurocámara.
Para los detractores supone un "ataque a la Europa social" y una "amenaza directa a la salud y seguridad de los trabajadores", tal y como aseguró Cercas.
El eurodiputado español subrayó que la medida ataca "a los trabajadores más débiles", divide a la UE y fomenta el "dumping social", al tiempo que advirtió de que su aprobación puede suponer un "precedente".
"Hoy se puede renunciar a la jornada laboral, mañana al salario, luego al derecho a la huelga…", dijo.
Los defensores de la directiva, por contra, aseguran que la posibilidad de acogerse al "opt-out" refuerza la libertad del trabajador y permitirá luchar contra el trabajo no declarado, según explicó la liberal británica Elizabeth Lynne.
Precisamente en el Reino Unido es donde está más generalizado el uso de esa cláusula, con más de tres millones de trabajadores que han aceptado en sus contratos trabajar por encima de las 48 horas semanales que marca la legislación.
Se espera que la próxima semana, en la víspera del voto de la Eurocámara, hasta 15.000 trabajadores se manifiesten en Estrasburgo (Francia) en contra de la nueva directiva.
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