El responsable del Gabinete Económico de CC.OO., Miguel Ángel García, pidió ayer al Gobierno que obligue a las entidades financieras que se beneficien de sus ayudas a dejar de utilizar de inmediato el Euríbor como referencia en los préstamos hipotecarios en vigor y sustituirlo por el tipo de intervención del Banco Central Europeo (BCE), que es del 2,5%, frente al 3,75% del primero.
En rueda de prensa para presentar el documento ‘Crisis financiera, situación de la economía española y Presupuestos Generales del Estado’, elaborado por el sindicato, García explicó que, pese a que el diferencial entre ambos tipos ha sido históricamente bajo, la distancia tan alta que existe actualmente (en torno a 1,25 puntos) se debe a la ‘mala gestión’ de las entidades financieras.
Según dijo, cada punto de diferencia entre el Euríbor y el tipo de intervención del BCE supone para los bolsillos de los españoles unos 12.000 millones de euros, que van a parar a los bancos y cajas. ‘Es absolutamente injusto que cobren esa prima’, subrayó García.
Por ello, defendió la necesidad de que las entidades financieras que reciban ayudas del Gobierno o del BCE referencien sus préstamos hipotecarios al tipo de interés de la autoridad monetaria europea y no al Euríbor, así como que la diferencia de costes sea asumida por un mayor gasto público y una disminución de los beneficios de las entidades financieras.
García afirmó que la economía española sufre una ‘profunda’ recesión económica, ‘previsiblemente duradera’, que no es exclusivamente atribuible a la crisis financiera internacional. De hecho, dijo, el modelo económico español, por sus debilidades y por haber pivotado alrededor del ‘ladrillo’, estaría en dificultades aunque el mercado financiero no tuviera problemas.
‘Se dice que la crisis financiera ha sido la que ha quebrado el modelo. No ha sido así. Ha acelerado la quiebra, pero el modelo habría quebrado solo, porque España tiene su propia crisis’, precisó.
Este modelo de crecimiento, del que responsabilizó tanto a los gobiernos del PP como a los del PSOE, ha requerido un creciente endeudamiento de las familias, de forma que la deuda adquirida en préstamos hipotecarios alcanza el 98% del PIB, frente al 46% de hace cuatro años. De hecho, de acuerdo con los cálculos del sindicato, para saldar esta deuda y los intereses generados por la misma (en torno a dos billones de euros en conjunto) sería necesario que trabajadores y empresas trabajaran gratis durante dos años.
García explicó que la concesión de créditos hipotecarios por parte de bancos y cajas ha estado acompañada de un proceso de emisión de cédulas hipotecarias para aligerar sus balances y poder seguir prestando dinero, que ha sido suscrito en buena parte por inversores extranjeros.
El problema de todo ello para las entidades financieras no es su volumen de deuda, ya muy alto, sino en la diferencia entre los plazos de renovación de las emisiones (aproximadamente en tres años) y la de los créditos.
MEJORAR LA PROTECCIÓN POR DESEMPLEO
Por eso, CC.OO. cree que la decisión del Ejecutivo de comprar activos a los bancos y cajas limita temporalmente el problema, al garantizar la refinanciación de la deuda, pero estima que difícilmente ayudará a mejorar la liquidez interna, ya que buena parte se quedará en el exterior al cancelarse los vencimientos de las cédulas que están en manos de inversores extranjeros.
A las restricciones crediticias que agravan los problemas de la economía española, hay que sumar, según García, otro tipo de restricciones que han contribuido a agotar el margen de maniobra frente a la crisis, como las rebajas impositivas, que ahora habrían hecho más falta que en los momentos buenos del ciclo.
La falta de ingresos extraordinarios, añadió, va a suponer una prueba para la estructura del sector público español, que ha centrado sus gastos corrientes en torno a dichos ingresos y que, con el tiempo, podría tener problemas para financiar políticas tan importantes como la enseñanza.
Una posibilidad para ganar margen de actuación es la emisión de deuda pública, algo que García consideró razonable siempre y cuando se use bien y se invierta en destinos estratégicos para la economía. No obstante, advirtió de que, en vista de que otros países están tomando también esta medida, hay riesgo de que se sature el mercado de la deuda pública y no haya suficientes compradores.
Junto al cambio de modelo económico, CC.OO. insistió en la necesidad de mejorar la protección por desempleo para que todos los trabajadores que entraron en el mercado laboral a partir de 2005, especialmente mujeres, jóvenes e inmigrantes, pueden beneficiarse de la Renta Activa de Inserción (RAI), a la que ahora sólo pueden acceder los mayores de 45 años.
Las mujeres y los trabajadores extranjeros son dos de los colectivos menos protegidos ante el desempleo, pues generan derechos cortos a la prestación. Además, en el caso de los inmigrantes, es muy difícil que una vez agotada la prestación puedan ‘engancharse’ al subsidio, pues esta ayuda está pensada para mayores de 45 años o parados con cargas familiares, y los extranjeros que trabajan en España suelen ser jóvenes y si tienen familia a cargo suele residir en sus países de origen.
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