El Ministerio del Interior pretende que los representantes de los guardias civiles que resulten elegidos en las primeras elecciones al Consejo, a celebrar el próximo 22 de enero, deberán continuar prestando servicio en su destino y sólo tendrán unos días libres los meses que se convoque reunión del órgano representativo, informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado. De esta forma, el Gobierno descarta la figura del liberado en el seno del Cuerpo.
La Ley Orgánica que regula los Derechos y Deberes de los guardias civiles, aprobada en el último tramo de la pasada legislatura, recoge la creación de un Consejo de la Guardia Civil para abordar las condiciones laborales de los guardias. Ese Consejo integrará a quince representantes de la Administración y a otros tantos de las asociaciones profesionales, los que resulten elegidos en los comicios del próximo 22 de enero.
El Gobierno pretende otorgar a esos representantes el mismo estatus que tienen jueces y fiscales, basándose en que los tres colectivos son defendidos por asociaciones profesionales y no por sindicatos. Este planteamiento del Ejecutivo, que se negociará con las asociaciones en la primera reunión del Consejo de la Guardia Civil, elimina la figura del liberado sindical y reduce los permisos para ejercer las tareas de asociacionismo profesional en el Cuerpo a siete días cada tres meses, es decir, cada vez que se convoque el Consejo de la Guardia Civil.
Desde las asociaciones se ha recibido con profundo rechazo la pretensión que les ha trasladado en las últimas semanas el director general de Policía y Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez. Alegan que la representación de un colectivo de más de 70.000 agentes necesita de una dedicación absoluta que no se puede compaginar con prolongados turnos y guardias.
Las asociaciones acudirán a la primera reunión del Consejo de la Guardia Civil con la propuesta de liberación para los agentes elegidos, así como para sus secretarios provinciales, aunque éstos no integren el citado órgano de representación. Se quejan de que los avances en las condiciones de trabajo de los guardias obtenidos con la aprobación de la Ley de Derechos y Deberes y la de Régimen Disciplinario se están reduciendo a la mínima expresión en las negociaciones para su desarrollo.
EVITAR LA SITUACIÓN EN LA POLICÍA
Según las asociaciones, el Gobierno quiere evitar a toda costa situaciones de reivindicación laboral y presión como la que ejercen los sindicatos de Policía, que el pasado 18 de octubre sacaron a la calle a miles de agentes exigiendo mejoras salariales. Precisamente, varias asociaciones de la Guardia Civil se vieron obligadas a retirarse de esa convocatoria de manifestación ante la advertencia de Interior de que se trataba de un acto sindical en el que los miembros de la Benemérita no podían participar, dada la naturaleza militar del Cuerpo.
La participación de guardias civiles también fue prohibida por Interior. La propuesta de la División de Personal de la Guardia Civil señala a una decena de agentes a los que se debe abrir un expediente que acabe en sanción.
Entre las asociaciones también ha causado contrariedad el punto del Real Decreto de convocatoria de las elecciones en el que se marcan tres días como máximo de permiso para que los candidatos al Consejo de la Guardia Civil realicen su campaña electoral. Algunas asociaciones se plantean renunciar a la misma, al considerar imposible que su mensaje pueda llegar en tres días a 54 comandancias de todo el país.
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