La Cámara de Diputados argentina aprobó el miércoles y remitió al Senado para su tratamiento el proyecto de ley para expropiar Aerolíneas Argentinas (AA) y Austral al grupo español Marsans, que acumula una deuda de 890 millones de dólares, 400 de ellos con el Estado argentino.
El proyecto, que contó con 152 votos a favor, 84 en contra y una abstención, declara a las empresas "de utilidad pública y sujetas a expropiación" y garantiza la continuidad y seguridad del servicio público de transporte aerocomercial de pasajeros, correo y carga.
La iniciativa pasará ahora a la Cámara alta, donde el gobierno confía en concluir el trámite legislativo antes del 20 de diciembre, estimó el miércoles el secretario de Transporte, Ricardo Jaime. Por las compañías, que fueron privatizadas en 1990 en un controvertido proceso que está bajo la lupa judicial, el proyecto de Ley prevé un pago simbólico de un peso (29 centavos de dólar) al grupo español.
El texto girado al Senado incluyó dos modificaciones para garantizar que el Estado no se hará cargo de la "deuda ilegítima" de las compañías y para obligar a la administración estatal a presentar un plan de negocios en un plazo de 180 días. La norma garantiza también el servicio de las empresas y los puestos de trabajo de los 9.000 empleados.
El Parlamento había sancionado a inicios de septiembre una ley que habilitó la reestatización de AA y Austral, pero las negociaciones entre el Estado y Marsans fracasaron por abismales diferencias en el valor de las compañías, en virtual bancarrota.
Mientras el Tribunal de Tasación de la Nación estimó un valor negativo de 832 millones de dólares, Marsans exigió el pago de unos 400 millones de dólares, en base a un informe del banco privado Credit Suisse, cuya tasación tuvo en cuenta el futuro flujo de fondos y el valor de la marca de la aerolínea de bandera.
Directivos de Marsans habían advirtido en noviembre que en caso de expropiación elevarían una demanda contra Argentina ante el CIADI (centro de arbitraje del Banco Mundial) y tribunales locales. El Grupo también reclamó la intervención del gobierno español para alcanzar una solución negociada, lo que aparece lejos en el actual escenario.
La deuda por omisión de pagos de impuestos a la seguridad social y otros de orden fiscal alcanza a un 40% del total en AA y su subsidiaria para vuelos de cabotaje Austral, además de falta de pago de tasas de aeronavegabilidad a la Fuerza Aérea, dijo a la AFP el diputado socialista Ariel Basteiro.
El 60% restante de la deuda global, las empresas la tienen con entidades bancarias, por la compra de aeronaves y por pasajes pendientes de uso, precisó el ex sindicalista del sector aeronáutico.
El Gobierno de Cristina Kirchner y ejecutivos de Marsans firmaron en julio un acta-acuerdo para el traspaso al Estado de las compañías, y los españoles exigen que se acuda a un tercer tasador independiente como contemplaba ese documento, pero Argentina se opone.
Las empresas fueron vendidas a la española Iberia en los 90 y Marsans las compró en 2001 por el precio simbólico de un dólar, momento en que el erario público español hizo un aportación de capital de 750 millones de dólares para que funcionaran. Desde que los españoles dejaron de operar las empresas, el Gobierno argentino inyectó más de 200 millones de dólares para garantizar el servicio.
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