La Comisión Europea ha anunciado hoy que ya ha pagado los 10,5 millones de euros del Fondo de Adaptación a la Globalización que aprobó el pasado mes de julio para ayudar a recolocar a los 1.521 trabajadores afectados por el cierre de la planta de piezas de coche de Delphi en Puerto Real (Cádiz) y a otras 68 personas despedidas en las factorías de sus proveedores. La subvención es algo inferior a la que había solicitado España, que ascendía a 15 millones de euros.
"En la crisis actual, la solidaridad es una parte importante de la solución. Estos fondos ayudarán a que trabajadores que han quedado sin trabajo a causa de la globalización vuelvan a trabajar cuanto antes", declaró el comisario de Empleo y Asuntos Sociales, Vladimir Spidla, en un comunicado.
La multinacional estadounidense anunció en febrero de 2007 el cierre de su factoría de Puerto Real y decidió trasladar la producción a Tánger porque ofrece mano de obra más barata, ventajas fiscales y la proximidad de las materias primas, según recordó la Comisión.
"Es un claro ejemplo de la tendencia existente en la industria automovilística europea de trasladar su actividad a terceros países con costes de producción más bajos, con el correspondiente incremento de las importaciones a la UE y una reducción del empleo en este sector", resaltó el Ejecutivo comunitario.
España presentó en octubre de 2007 una solicitud de ayudas por valor de 15 millones de euros. La Comisión ha aprobado conceder una subvención algo inferior, de 10,5 millones de euros, y la ayuda fue respaldada por la Eurocámara en octubre de 2008.
El dinero deberá utilizarse para cofinanciar medidas activas de mercado laboral, como orientación, formación, reconocimiento de cualificaciones, certificación y apoyo a los empresarios. El objetivo final es ayudar a los trabajadores a volver a trabajar cuanto antes.
Hasta el momento, el Fondo de Adaptación a la Globalización ha aprobado y pagado ocho solicitudes por un total de 32.488 millones de euros para ayudar a trabajadores despedidos de la industria del automóvil en Francia, Portugal y España, del sector de la telefonía móvil en Alemania y Finlandia, y del sector textil en Malta, Lituania e Italia.
Dotado con 500 millones de euros al año, se creó en 2006 para ayudar a las personas que han perdido sus empleos debido al impacto de la globalización o de deslocalizaciones de empresas fuera de la UE. Se aplica en casos de despido de más de 1.000 trabajadores de una empresa o de un sector regional, producidos a raíz de importantes cambios estructurales en el comercio mundial que impliquen un incremento sustancial de las importaciones o un descenso destacado en las cuotas de mercado de la UE. Bruselas ha propuesto reformarlo para que sea más fácil utilizar estas ayudas en el contexto actual de crisis económica.
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