Las centrales aragonesas de la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC.OO.) han valorado positivamente la decisión del Gobierno de Aragón de ofrecer avales de hasta 200 millones de euros a General Motors España para que se mantenga la fecha de lanzamiento del nuevo modelo del Opel Meriva en la planta de Figueruelas (Zaragoza), pero han exigido que se adopten medidas para asegurar que el dinero vaya enfocado al mantenimiento del empleo y que se tomen garantías y cautelas en la operación.
El secretario general de UGT Aragón, Julián Lóriz, destacó en declaraciones a los medios de comunicación que la decisión anunciada por el presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, está en la dirección de las propuestas del sindicato para apoyar a la automoción e insistió en que se debe de controlar el proceso para asegurar que el crédito avalado vaya dirigido a medidas que aseguren "el futuro de la actividad, del empleo y de la calidad del empleo".
Julián Lóriz restó importancia al hecho de que el Gobierno aragonés haya sido el primero en anunciar una medida de apoyo a la automoción. "Todos los Gobiernos de las Comunidades están trabajando con la industria de la automoción para buscar soluciones a problemas concretos de cada factoría", señaló.
De la misma manera, el secretario general de UGT Aragón incidió en que, junto a las medidas que puedan tomar las diferentes autonomías, se debe de avanzar en la creación del plan integral para la automoción, anunciado por el Gobierno central, y subrayó que los agentes sociales (patronal y sindicatos) deben participar en la confección de esta estrategia.
Lóriz subrayó que la cantidad avalada corresponde al importe que la factoría necesita para acabar la inversión en el nuevo modelo de Opel Meriva, y que, presumiblemente, con el respaldo del Gobierno autónomo le será más fácil al constructor automovilístico acceder a los créditos de las entidades financieras, pero matizó que el Gobierno debe pedir a la compañía "garantías" en esta operación, dada la situación financiera de la corporación.
EFECTO POSITIVO
Por su parte, el secretario general de Comisiones Obreras en Aragón, Julián Buey, subrayó el efecto positivo de esta medida, que permite "una perspectiva de futuro" tanto a los trabajadores de GM España como a las empresas auxiliares. Buey exigió que la compañía se comprometa a no realizar ningún Expediente de Regulación de Empleo durante el tiempo que dure el aval.
En declaraciones a los medios, Julián Buey incidió en que el dinero con el que se avala esta operación es público por lo que el proceso debe de contar con garantías de control democrático del riesgo que se asume, tanto por parte de las Cortes de Aragón como de los agentes sociales. De la misma manera exigió que por parte de General Motors "se responda con la propia propiedad en caso de problemas".
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