Seis de cada diez españoles rechazan la posibilidad de que el Gobierno retrase la edad de jubilación más allá de los 65 años y elevar el número de años de cotización necesarios para cobrar la pensión, así como la subida de las cotizaciones, según el estudio "Actitudes hacia el Estado del bienestar" hecho público por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
La encuesta, realizada en la primera quincena de julio sobre una muestra de 2.454 entrevistas en 238 ciudades de 50 provincias españolas, muestra también que la gran mayoría de los ciudadanos, más de un 90%, rechaza cualquier recorte en lo referido a la atención sanitaria, pensiones y enseñanza.
Así, más de un 90% de los españoles ve responsabilidad del Estado garantizar pensiones dignas para los ancianos y ofrecer una educación y asistencia sanitaria "para todos", así como becas para los estudiantes con pocos ingresos, mientras que uno de cada ocho creen una función del Gobierno crear puestos de trabajo y asegurar un subsidio digno para los parados.
En este sentido, la mitad de los españoles considera que es el Gobierno central el que debe hacerse cargo de la gestión de estos servicios, que en el caso de las pensiones, la educación y la sanidad deben ser públicas y financiarse mediante cotizaciones a la Seguridad Social en el primer caso o impuestos en los demás.
Uno de cada tres españoles cree que el seguro de desempleo y el sistema público de pensiones empeorarán en el futuro, un porcentaje similar al que considera que se reducirá la protección social en los referido al acceso de la vivienda.
Asimismo, más de la mitad de los españoles considera que las prestaciones por desempleo no hacen que la gente "se vuelva perezosa", si bien uno de cada tres se muestra de acuerdo con esta afirmación.
FALTA DINERO PARA PENSIONISTAS Y DEPENDIENTES
Más de un 60% de los encuestados considera que el Estado le devuelve menos de lo que paga en impuestos y cotizaciones a la hora de brindar los servicios servicios sanitarios, infraestructuras de transporte y enseñanza.
La mayoría de los españoles (un 74,2%) aseguran que el Estado debe ser responsable del bienestar de todos los ciudadanos, una protección que, a juicio de uno de cada ocho españoles, no se traslada al apoyo de las personas mayores, pensionistas y dependientes. En este sentido, siete de cada diez españoles opina que se dedican demasiados pocos recursos a las pensiones y un 57,7% valora también escasos los destinados a la vivienda.
Les siguen en la lista de políticas y servicios públicos peor tratadas por la inversión pública la Sanidad, la protección del medio ambiente y la Justicia, según la mitad de los encuestados. En el extremo opuesto, uno de cada tres españoles cree que el Estado destina demasiados recursos a Defensa.
LA JUSTICIA FUNCIONA POCO O NADA
En este sentido, cinco de cada diez españoles consideran que la Administración de Justicia y las oficinas de promoción de vivienda públicas funcionan "poco o nada", mientras que cinco de cada diez reprueban el funcionamiento de la sanidad en centros gestionados por el Estado y las comunidades autónomas.
Por último, un 36% de los españoles mantiene que los problemas relacionados con el empleo son los más importantes, mientas que, en segundo lugar, un 19% señala a los problemas de vivienda como los más acuciantes.
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