Un gran número de inmigrantes y trabajadoras domésticas aún se enfrenta al abuso y a la explotación en países de Oriente Próximo y de Asia debido al fracaso de los gobiernos en adoptar medidas necesarias para protegerlos, según declaró hoy la organización defensora de los Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW).
Un día antes del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer esta organización señala que pocas trabajadoras domésticas tienen acceso al sistema judicial en los países donde trabajan, e incluso aquellas que son capaces de denunciar violencia física o sexual pocas veces reciben compensación.
"Hay incontables casos de empleadores que amenazan, humillan, golpean, violan y en ocasiones matan a las trabajadoras domésticas", aseguró la subdirectora de la división de derechos de la mujer de HRW, Nisha Varia. "Los gobiernos deben castigar a los patronos que abusan a través del sistema judicial, e impedir esta violencia reformando las políticas de trabajo e inmigración que dejan a estas trabajadoras a merced de sus jefes", añadió.
Millones de mujeres de países como Indonesia, Sri Lanka, Filipinas y Nepal son trabajadoras domésticas en Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Singapur y otros países en Oriente Próximo y Asia.
La mayor parte de países excluye a estos trabajadores de la protección de las leyes laborales, lo que les deja sin amparo contra las condiciones abusivas en su trabajo. Las autoridades reciben miles de quejas de explotación laboral o de abuso cada año. Mientras la mayoría de éstas se refiere a sueldos sin pagar, a la privación de alimentos y a no tener descanso después de jornadas de un gran número de horas, un número significativo de trabajadoras alegan abuso verbal, físico y sexual.
Muchos casos nunca son denunciados, debido al confinamiento de estas trabajadoras en las casas, la falta de información sobre sus derechos, y a la capacidad de los patronos para deportarlos antes de que puedan pedir ayuda.
Algunas autoridades ya han comenzado a perseguir y castigar a los empleadores abusivos, aunque en diferentes grados. En 2008 en Singapur, varios patronos han sido condenados por golpear a las trabajadoras domésticas, y han recibido sentencias desde las tres semanas a los 16 años en prisión.
A mediados de noviembre, un hombre fue sentenciado en Malasia a 32 años de cárcel por violar a una trabajadora doméstica, y su esposa fue condenada a seis años por apoyar el delito. Pero los sistemas de justicia continúan a menudo exponiendo a los trabajadores domésticos que han sufrido abusos a una mayor victimización y no les conceden ninguna compensación.
UN AÑO DE OPORTUNIDADES PERDIDAS
Uno de estos casos es el de Nour Miyati, una trabajadora doméstica que sufrió abusos de su jefe saudí. Un tribunal de Riad retiró los cargos contra éste, ignorando su confesión y las pruebas físicas. Nour sufrió palizas diarias y le tuvieron que amputar los dedos de pies y manos después de desarrollar gangrena. Durante los tres años que duraron los procedimientos legales, permaneció en una Embajada abarrotada incapaz de trabajar ni regresar con su familia en Indonesia. En un momento, fue sentenciada a 79 latigazos por cambiar su testimonio, aunque esta condena fue revocada posteriormente, denuncia HRW.
"2008 marca un año de oportunidades perdidas", añade Varia. "Mientras la mayoría de los gobiernos ha comenzado a pensar en realizar reformas, la mayoría de éstas se han estancado", manifiesta. "Dar servicios de apoyo integral a las víctimas de la violencia, perseguir a los que cometen abusos y dar soluciones civiles son reformas que no pueden esperar", señaló.
HRW recomienda a los gobiernos que desarrollen protocolos y capaciten a los funcionarios para que puedan responder a las denuncias de estos trabajadores de forma adecuada, y sobre cómo investigar y reunir pruebas en estos casos. También pide que se persiga a los culpables de la violencia psicológica, física y sexual.
La organización también considera que se deben agilizar los casos que impliquen que los trabajadores inmigrantes, que a menudo deben esperar una resolución durante varios meses o incluso años mientras permanecen confinados en un refugio, y se aseguren de que tienen permiso legal para trabajar durante este período, así como crear servicios de referencia que incluyan cuidados sanitarios, consejo, refugio, servicios consulares y ayuda legal, entre otras medidas.
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