La inmobiliaria contratada irregularmente por la Comunidad de Madrid para hacer selección de personal pertenece al presidente de Psicólogos Empresariales

ID MAS FC, Centro de Desarrollo Individual y Familiar, S.L., la inmobiliaria a la que el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid adjudicó ilegalmente contratos para la selección y evaluación de personal para Metro de Madrid, es propiedad de José Martín Martín, presidente de la consultora de Recursos Humanos Psicólogos Empresariales Asociados, S.A., antigua SHL Internacional y Psicólogos Empresariales, S.A., cuya empresa matriz es Psicólogos Empresariales, S.A.

Estas empresas han sido desde hace años proveedoras habituales del Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid, principalmente para servicios relacionados con Metro de Madrid, S.A.

En 2003, el Servicio Regional de Empleo contrató a la antigua SHL Internacional y Psicólogos Empresariales, S.A. –actualmente Psicólogos Empresariales Asociados, S.A.- un proceso de asistencia para la selección de conductores y ayudantes de oficio para Metro de Madrid. Se utilizó para ello la modalidad de contrato menor, de libre adjudicación por ser el importe inferior a 12.000 euros. En las mismas fechas se contrató también a SHL Internacional y Psicólogos Empresariales, S.A. la compra de material psicotécnico para llevar a cabo la referida selección.

Fraccionamiento de los contratos

La suma de ambos contratos superaba ampliamente, en caso de haber sido considerado un mismo servicio de selección, el importe señalado para el contrato menor -12.000 euros-, por lo que debería haberse utilizado un procedimiento de adjudicación –más riguroso- distinto al utilizado. Sin embargo, ese proceso de selección se fraccionó en dos servicios independientes: Asistencia para la selección de candidatos, por un lado, y material psicotécnico para dicha selección, por otro.  Por separado, ninguno de los contratos superaba el contrato menor.

La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas señalaba –y así lo establece en la actualidad- que el expediente debía abarcar la totalidad del objeto del contrato y comprender todos y cada uno de los elementos necesarios para llevarlo a cabo. Además, prohibía expresamente fraccionar los contratos para disminuir la cuantía de los mismos y eludir así los requisitos de publicidad, el procedimiento o la forma de adjudicación que correspondiera.

Al año siguiente, 2.004, La Comunidad de Madrid firmó propuestas de gasto y contrato menor por importe superior a 46.000 euros, todas relacionadas con la selección de taquilleros y conductores para Metro de Madrid. Las empresas adjudicadas, cuatro en total, estaban todas relacionadas de una u otra forma con José Martín, presidente de SHL Internacional y Psicólogos Empresariales, S.A. –actualmente Psicólogos Empresariales Asociados, S.A.– Esos 46.000 euros se distribuyeron en cuatro contratos menores, todos por debajo de los 12.000 euros que constituían la frontera para haber tenido que utilizar un proceso de adjudicación diferente. Curiosamente, dos de los contratos rozaban los 12.000 euros, 11.987 y 11.744.

La empresa inmobiliaria hace aparición

Una de las empresas adjudicadas ese año fue la inmobiliaria ID MAS FC, Centro de Desarrollo Individual y Familiar, S.L., a la que se le contrataron las hojas de respuesta de los test y cuestionarios usados en la selección de los taquilleros y conductores, por importe de 10.730 euros. En 2.003, sin embargo, las hojas de respuesta fueron suministradas por SHL Internacional y Psicólogos Empresariales, S.A. –actualmente Psicólogos Empresariales Asociados, S.A.-.  En el caso de ID MAS FC, el copyright fue la excusa utilizada por la Comunidad de Madrid para justificar el contrato.

En 2.005, al igual que sucedió el año anterior, el Servicio Regional de Empleo volvió a autorizar un gasto de casi 10.000 euros a favor de la inmobiliaria ID MAS FC, Centro de Desarrollo Individual y Familiar, S.L., en concepto de compra de material psicotécnico para la Comunidad de Madrid. Se repitió en esta ocasión el entramado de contratos menores por importe inferior a 12.000 euros realizado en años anteriores.

En 2.007 la Comunidad de Madrid vuelve a autorizar un gasto a favor de la inmobiliaria de más de 8.600 euros, amparado en que, según el Servicio Regional de Empleo, este material sólo lo suministraba esta empresa, ID MAS FC, Centro de Desarrollo Individual y Familiar, S.L. El objeto del contrato era no sólo la adquisición de hojas de respuestas, sino también el realquiler de cuadernillos de pruebas para la selección de taquilleros para metro. Una vez más, una nueva colección de contratos menores sirvió a la Comunidad de Madrid para justificar un proceso de selección que debía ser único, dividido para facilitar su adjudicación al mismo grupo de empresas.
 
Ampliación del objeto social de la inmobiliaria

ID MAS FC, Centro de Desarrollo Individual y Familiar, S.L., la inmobiliaria adjudicada irregularmente y vinculada al resto de empresas de José Martín, Presidente de Psicólogos Empresariales Asociados, S.A., amplió recientemente su objeto social, según consta en el BORME nº 217 de 12 de noviembre de 2.008. El texto añadido se refiere a “los procesos de asesoramiento a personas, grupos y organización mediante procesos de selección y evaluación, diagnóstico y desarrollo”.

Nulidad de los procesos de selección

Expertos legales consultados por RRHH Digital indican que una irregularidad de estas características en la adjudicación de contratos por parte de la Administración, ya sea local, regional o estatal, podría implicar la nulidad de los mismos, principalmente en lo que se refiere al artículo 197.1 de la anterior Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (art.43 de la actual Ley de Contratos del Sector Público), que establece que “las empresas adjudicatarias deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y se acredite debidamente y disponer de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato”.
 
Ello supondría dejar sin efecto los procesos de selección para taquilleros y conductores de metro en los que participo esta empresa inmobiliaria o en los que se utilizó su material, ya que, aunque podría representar un caso de inseguridad jurídica para los candidatos contratados, “no es menos cierto que la irregularidad cometida en la adjudicación del contrato pudo afectar, y afectó de raíz, a una correcta evaluación y selección de las candidaturas desestimadas”, según el experto.