Un informe de los servicios jurídicos de la Guardia Civil calificó de "altamente saludable" reducir la cuantía de las pensiones por incapacidad permanente que cobra un determimado número de agentes del Instituto Armado.
Esta reducción, que ha sido incluida en los Presupuestos del Estado para 2009, ha sido criticada por asociaciones de policías, guardias civiles y militares. En concreto, colectivos como la Unión de Guardias Civiles (UGC) han calificado la medida como "pensionazo" y afirman que con la misma se están recortando derechos sociales.
La medida introducida supone que, a partir de enero del próximo año, las futuras pensiones por incapacidad permanente serán un 25 por ciento menores si no se llevan veinte años de servicio. Aunque la medida no será aplicable a los heridos en acto de servicio, los afectados tampoco podrán trabajar en la empresa privada si quieren seguir cobrando esta pensión por incapacidad.
En este sentido, el informe al que ha tenido acceso Servimedia indica que la medida incluida en los Presupuestos de 2009 contó con el visto bueno de los servicios jurídicos de la Guardia Civil.
"BOLSA DE FRAUDE" En concreto, la Benemérita se pronunció sobre la reducción de las pensiones sobre incapacidad permanente en agosto pasado.
En concreto, el 6 de agosto pasado fue emitido un informe que firmaba un teniente coronel.
Este informe, que está clasificado por la referencia "6470ZZ-AG08(2)", se refiere a que la reducción de ciertas pensiones de incapacidad permanente sería una "iniciativa altamente saludable".
El escrito argumenta que "la materialización de dicha propuesta contribuiría sin duda a hacer menos atractiva la explotación de dolencias de difícil constatación objetiva para obtener el retiro forzoso por inutilidad permanente para el servicio (…)".
"ACONSEJABLE EN GRADO SUMO" El informe añade que "la mayoría de expedientes de insuficiencia de condiciones psicofísicas afecta a personal que no ha completado veinte años de servicio, y que no es incapaz para otras ocupaciones, al margen de la función pública".
Esto hace, según los servicios jurídicos de la Guardia Civil, que para algunos resulte "económicamente rentable obtener una pensión calculada como si se hubiera estado en activo gasta la edad de retiro forzoso, y dedicarse a otra ocupación extraña al sector público, respecto a la que no existe incompatibilidad".
A este respecto, el informe concluye que el contenido de la modificación introducida luego en los Presupuestos del Estado, "resulta aconsejable en grado sumo, desde una perspectiva de eficacia administrativa, erradicación de hipotéticas ‘bolsas de fraude’ y optimización del sistema de pensiones públicas".
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