El 95 por ciento de los jueces y magistrados de Extremadura se reunieron ayer en el Palacio de Justicia de Badajoz y acordaron por unanimidad convocar una jornada de huelga para el próximo 18 de febrero, según informó a Europa Press el juez decano de Badajoz, Emilio García Cancho.
Los magistrados extremeños llegaron a este acuerdo en la que fue su primera reunión autonómica de la historia en la que además sellaron el compromiso de celebrar otra junta autonómica el próximo 21 de enero en Mérida.
Según precisó García Cancho, si para el 21 de de enero el Ministerio de Justicia que dirige Mariano Fernández Bermejo ha acogido sus propuestas, se podría llevar a cabo la desconvocatoria de la huelga.
García Cancho anunció así mismo que el próximo lunes elevarán su convocatoria de huelga y su tabla reivindicativa al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
Avanzó que si el GJPJ rechaza la convocatoria del paro, los jueces y magistrados extremeños acudirán al Tribunal Supremo para que se pronuncie sobre esta cuestión. Explicó a continuación que los jueces reunidos en la capital pacense consideran que tienen "derecho a la huelga" en tanto que son "trabajadores y ciudadanos" y, por tanto, les "ampara la Constitución".
El juez decano de Badajoz subrayó que se trata de la primera convocatoria de huelga de jueces en la historia de España y que a esta situación se ha llegado porque "el vaso se ha rebosado" y se han "acabado las hojas de ruta". "El tema es peliagudo", sentenció.
REIVINDICACIONES
En cuanto a los motivos del paro, precisó que se engloban en cuatro puntos, en los que se recogen las demandas del colectivo, todas de carácter general. El primero de estos puntos se refiere, dijo, a la oficina judicial y en el mismo se reclama una "definición clara y precisa de las responsabilidades atribuidas a los distintos colectivos", en referencia a jueces, secretarios y funcionarios.
También se exige una adaptación del régimen disciplinario de los jueces y el mantenimiento de la competencia del juez a efectos de señalamiento.
El segundo punto se refiere a la demarcación judicial. Aquí los jueces extremeños plantean una "delimitación de la carga de trabajo razonable a asumir" por jueces y magistrados, de modo que no exceda del 100% de los módulos.
El tercer punto, que alude al estatuto de los miembros de la carrera judicial, pide la supresión del traslado forzoso por ascenso.
El cuarto reclama una "revisión profunda y adecuada" de la retribución por servicio de guardia, que García Cancho puntualiza que se encuentra en 0,50 euros por hora. Además, solicitan una equiparación del salario percibido por los jueces al que se cobra en el "entorno europeo".
Respecto al ámbito de la conciliación de la vida profesional y familiar exigen el nombramiento de más jueces sustitutos hasta que quede garantizado que pueden "coger vacaciones íntegras de un mes, como todos los trabajadores españoles".
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