El Ejecutivo comunitario defiende, incluso "en un contexto de recesión" económica, la apertura de los mercados laborales de los antiguos Estados miembros a los trabajadores de los de la nueva ampliación por el impacto negativo "limitado o nulo" que dicha apertura tiene, tanto en los salarios de los trabajadores locales como en la tasa de desempleo en los países receptores, según refleja un informe que el comisario de Empleo y Asuntos Sociales, Vladimir Spidla, presentará mañana en el Parlamento Europeo en Estrasburgo.
El Ejecutivo comunitario analiza en dicho informe el estado de las restricciones temporales aplicadas a los trabajadores de los Estados de la nueva ampliación por parte de los antiguos Estados miembros, así como su impacto fiscal, macroeconómico y en el gasto social de los países receptores.
Los quince Estados miembros, incluido España, que todavía aplican restricciones laborales a los trabajadores procedentes de Rumanía y Bulgaria –que ingresaron en la UE en enero de 2007– tendrán que notificar al Ejecutivo comunitario antes del 31 de diciembre de 2008 si extienden hasta 2013 dichas restricciones. Además de España, todavía aplican restricciones laborales a rumanos y búlgaros Dinamarca, Francia, Luxemburgo, Italia, Hungría, Bélgica, Malta, Alemania, Países Bajos, Grecia, Irlanda, Reino Unido, Portugal y Austria.
En este caso, los Estados miembros no tienen obligación de justificar los motivos para prolongar estas restricciones hasta 2013 porque se trata de una posibilidad contemplada en los tratados de adhesión, precisaron fuentes del Ejecutivo comunitario. No obstante, sí tendrán que justificar a Bruselas extender estas restricciones hasta dicha fecha, en enero de 2010.
Por su parte, Alemania, Bélgica, Dinamarca y Austria –que todavía aplican restricciones temporales laborales a los trabajadores de República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia– tendrán que justificar al Ejecutivo comunitario "antes del 30 de abril" si deciden extender las restricciones laborales que aplican hasta 2011, fecha límite para aplicarlas, en virtud de los acuerdos de adhesión de estos países, explicaron fuentes comunitarias.
En este caso, tendrán que justificar ante Bruselas que, de no mantener estas restricciones sus respectivos mercados laborales, sufrirán "serias perturbaciones" por falta de capacidad de absorción, indicaron las fuentes fuentes.
La apertura de los mercados laborales de los antiguos Estados miembros a los nuevos Estados tiene "un impacto limitado o nulo" tanto para el empleo de los propios trabajadores locales como en su salario, según refleja un informe del Ejecutivo comunitario que será presentado mañana. Sin embargo, sí han tenido un impacto "positivo para ayudar a reducir las presiones inflacionistas" en los Estados receptores, así como para las finanzas públicas y para el Estado de bienestar en los países receptores, según adelantaron fuentes comunitarias.
En el caso del impacto negativo en los salarios locales por el aumento de la fuerza laboral de los Estados miembros que ingresaron en 2004, salvo Chipre y Malta a los que no se aplican restricciones, "la movilidad adicional desde la ampliación en 2004 ha llevado, de media en la UE-15, a una reducción inicial muy pequeña de 0,08%", así como a "un aumento muy ligero en la tasa de desempleo del 0,04%" en los países receptores.
Según las fuentes, se trata de "un efecto por el que habrá que pasar de todas maneras, tanto si se abre el mercado ahora o se abre en 2011, como muy tarde". "A medio y largo plazo, esos efectos son menores y pueden convertirse en un efecto positivo para los trabajadores locales", agregaron las fuentes.
CONTRIBUCION AL CRECIMIENTO ECONOMICO
"El libre movimiento de trabajadores (en la UE) no ha llevado a un perturbación seria de los mercados laborales" de los antiguos Estados de la UE sino que se ha contribuido a su "crecimiento económico", según explicaron fuentes comunitarias. "Todas nuestras pruebas sugieren que la libertad de movimiento ha contribuido al crecimiento económico, satisfaciendo tanto las demandas de mano de obra y falta de capacidades en los Estados miembros", precisaron.
Pese a "algunos problemas de ajuste temporal" en algunos Estados miembros, "la libertad de movimiento ha tenido un impacto negativo limitado o nulo en los salarios y (tasa de) desempleo para los trabajadores locales en los Estados de destino", aseguraron. Por tanto, adujeron que "el levantamiento de las restricciones parece reducir los casos de trabajo no declarado y sus consecuencias negativas asociadas a él".
"En un contexto de recesión, cuando las personas están preocupadas por si, en un momento en el que ya sufren desempleo en sus Estados miembros, el levantamiento de las restricciones puede llevar a un mayor aumento de desempleo, tenemos que decir que no hay pruebas de ello. Los trabajadores van donde hay trabajos y, frecuentemente, se marchan o se quedan en su casa, si las condiciones son menos favorables. Prevemos una menor, más que mayor, movilidad en los próximos años", agregaron.
IMPACTO MACROECONOMICO
"El impacto macroeconómico parece ser positivo, la movilidad desde la UE-10 (los Estados que ingresaron en 2004) y la UE-2 (Rumanía y Bulgaria) ha tenido un impacto positivo en el crecimiento económico, para ayudar a reducir la presión inflacionista en la mayoría de Estados receptores y un impacto neutro o positivo en las finanzas (públicas) y el Estado de bienestar a nivel nacional", aseguraron fuentes comunitarias.
El informe del Ejecutivo comunitario constata que "la mayoría" de los ciudadanos de República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia que vienen a trabajar a los antiguos países comunitarios "son jóvenes, solteros y trabajan, por tanto, contribuyen al fisco". Asimismo, la investigación del Ejecutivo comunitario muestra que los ingresos que absorben del Tesoro del país de destino "en términos de prestaciones por desempleo y otros, es muy bajo" y no supera a lo que perciben los trabajadores nacionales.
Por otra parte, las fuentes comunitarias reconocieron que los impactos, en términos de costes sociales en educación, vivienda y tratamientos hospitalarios, existen pero "tienden a ser localizados". "Los Estados miembros deben abordar los costes sociales (…), pero estos costes sociales no se abordan de manera adecuada manteniendo cerrados los mercados laborales a los trabajadores de los nuevos Estados miembros", concluyeron las fuentes.
EVITAR LAS ACTIVIDADES NO DECLARADAS
En términos generales, el informe defiende que "es mucho mejor" para los Estados miembros tener inmigrantes o trabajadores de los nuevos Estados miembros trabajando legalmente en el país, de forma que contribuyan al fisco del Estado receptor, y evitar de esta forma que trabajen en actividades laborales "no declaradas". Puesto que los trabajadores se mueven, con o sin barreras, es mucho mejor si hay libertad de movimiento, y lo hacen legalmente, en vez que sean trabajadores no declarados", precisaron.
Por último, el informe señala que "todavía existe mucha más inmigración de nacionales extracomunitarios (a los antiguos Estados miembros) que de los nuevos a los antiguos Estados miembros" y "casi el doble" de flujos migratorios entre antiguos Estados miembros, explicaron fuentes comunitarias.
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