La Dirección General de Responsabilidad Social Corporativa, dependiente de la Conselleria de Trabajo y Formación, destinará entre este año y 2009 un total de 144.000 euros, en el marco de una línea de ayudas pionera en la Unión Europea, al fomento de medidas de responsabilidad social entre entidades públicas y sin ánimo de lucro, consistentes en compromisos de carácter económico, social y medioambiental.
Así lo anunció ayer en rueda de prensa la consellera Joana Barceló, quien concretó que del global de la subvención, 61.530 euros serán otorgados en 2008. En total, serán beneficiarias 13 organizaciones e instituciones públicas, entre las que destacan el Ayuntamiento de Sa Pobla, la Asociación de Trabajadores Autónomos de Baleares, la Fundación para el Desarrollo Sostenible de las islas y la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca.
El resto de entidades que recibirán estas ayudas serán la Fundació Coint para el fomento de la cooperación internacional, la Red Manquelepi, el Instituto de Biología Animal de Baleares, Persona Hogar Servicio, Bitel Baleares Innovación, la Fundació Balears a l’Exterior, y el Ayuntamiento y el Consell de Ibiza. Tal y como apuntó Barceló, el objetivo de esta iniciativa es evaluar la situación de estos organismos en materia de responsabilidad social y elaborar un plan de implementación de estas medidas.
"Las empresas deben ser conscientes de que vale la pena impulsar estas medidas en beneficio de su estabilidad y competitividad", recalcó Barceló, quien aseveró, en referencia a la actual crisis económica, que "evidentemente" está afectando a las entidades que aplican la responsabilidad social, aunque "es un hecho demostrado" que éstas actúan "mejor" internamente ante tiempos "difíciles" como el actual, "derivado de un alto valor especulativo y de la situación financiera internacional".
En esta misma línea, Barceló aseguró estar "convencida" de que las entidades que hacen uso de la responsabilidad social "son más fuertes y se plantean todas las medidas posibles para hacer frente a estas circunstancias". Tal y como manifestó, la pretensión de la Conselleria es demostrar a las organizaciones públicas que estas prácticas "son positivas" y permiten conseguir una mejora de la competitividad.
Por su parte, la directora general de Responsabilidad Social Corporativa, María Durán, señaló que con estas medidas las empresas podrán comprometerse a la mejora de la calidad de vida de sus trabajadores, involucrarse en el cuidado del medio ambiente -mediante el control energético y la "buena" distribución de los productos de deshecho- y con el entorno social, además de procurar una mayor transparencia informativa.
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