Una funcionaria de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid y su marido, un policía nacional jubilado, han sido detenidos por la Policía Nacional por su implicación en una banda dedicada a falsificar y comercializar permisos de conducir para españoles y extranjeros. En la operación se han detenido un total de 35 personas entre los componentes de la banda y los compradores de los carnés falsos.
En declaraciones a Europa Press Televisión, el inspector jefe de la Policía Nacional, José Murillo, explicó que en la denominada operación ‘Academia’, además de este matrimonio, han sido detenidos todos los miembros de la banda así como los poseedores de los carnés ilegales, que habrían pagado "hasta 2.500 euros" por este permiso provisional que únicamente "tenía validez para tres meses".
La funcionaria fue detenida junto a su pareja al salir de su casa en su propio vehículo donde, al ser registrado por los agentes de la policía, hallaron escondido en el maletero numerosos carnés originales de la Dirección General de Tráfico en blanco.
De esta manera, los cuatro cabecillas de la banda habrían conseguido ilícitamente más de 400.000 euros por rellenar los permisos que la funcionaria les facilitaba y comercializarlos a personas, la mayoría procedentes de Madrid (25), 10 en Barcelona, y el resto en Guadalajara, Zamora, Asturias, Cáceres, Toledo y Salamanca.
UNA DENUNCIA FALSA.
La investigación parte de una "denuncia falsa" interpuesta por la funcionaria de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid, en la que comunicaba unos presuntos delitos de detención ilegal y amenazas de que era víctima por parte de dos hombres.
Tras ser detenidos, los agentes pudieron averiguar que, al parecer, la denuncia contra ellos era falsa, por lo que procedieron al arresto de la mujer. Además, su compañero sentimental, funcionario de policía jubilado, fue igualmente detenido por su presunta relación con los hechos.
Las investigaciones realizadas apuntaban a que la funcionaria de la Jefatura Provincial de Tráfico, su pareja y los dos hombres detenidos inicialmente formaban parte de un grupo que presuntamente facilitaba permisos de conducción provisionales a cambio del pago de cantidades que oscilaban entre los 1.500 y los 2.500 euros.
Sus destinatarios eran captados en su mayoría entre personas con dificultades para obtener la licencia por los mecanismos legales y, en alguna ocasión, también se ha constatado que habían facilitado este tipo de autorización para conducir por solicitudes de canje de permisos extranjeros.
Estos documentos, con una vigencia de tres meses, no podían ser posteriormente canjeados por el permiso definitivo, por lo que los solicitantes se sentían estafados.
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