El anteproyecto de ley del nuevo Código Penal introduce castigar con penas de cárcel la corrupción entre los directivos de las empresas y amplía los castigos para los delitos de abuso de información privilegiada y manipulación de los mercados, según anunció el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.
"Hay una decidida lucha contra la corrupción, tanto en el ámbito privado como público", afirmó Bermejo, quien explicó que las nuevas penas para el ámbito privado "son estructuralmente idénticas a las del cohecho en el ámbito público".
Así, las modificaciones propuestas aprobadas por el Gobierno plantean castigar con penas de seis meses a cuatro años de cárcel las conductas relacionadas con "el incumplimiento de los deberes de lealtad ante la empresa", entre los que se tipificará el delito de ofrecer o aceptar sobornos, explicó el ministro.
El futuro Código Penal aumentará también las penas de cárcel por uso de información privilegiada, actualmente con un máximo de seis años de cárcel, y los castigos por delitos de manipulación del mercado, que ahora contemplan entre seis meses y dos años de cárcel.
La redacción del nuevo Código Penal aplicará la directiva 2003/6 de la Unión Europea respecto a la regulación del libre mercado, y tipificará como delito la estafa de inversores, que incriminará a los administradores de sociedades cotizadas que falseen sus balances o las informaciones sobre sus recursos, actividades y negocios con el fin de captar inversores u obtener créditos o préstamos.
"Las personas que mediante el falseamiento de balances con informaciones sobre sus recursos, sobre sus actividades y sus negocios produzcan un daño y alteren el equilibrio de valoración que los instrumentos financieros deben tener como resultante el juego del libre mercado", declaró el ministro de Justicia.
Por último, en materia fiscal, el texto eleva a 10 años el plazo de prescripción de los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Este anteproyecto de ley modificará la Ley Orgánica del Código Penal de 1995, cuya última reforma tuvo lugar en 2003 bajo el Gobierno del Partido Popular.
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