Más del 60% de las empresas españolas incumple la Ley de Integración de Minusválidos

El 64,3 por ciento de las empresas españolas incumple la Ley de Integración de Minusválidos (LISMI), a pesar de que el 95,5 por ciento de los empresarios afirma conocer la existencia de la normativa, según la tercera edición del Observatorio Fundación Grupo SIFU sobre ‘Empresa y discapacidad’.

La norma establece que las empresas públicas y privadas, con una plantilla igual o superior a los 50 trabajadores están obligadas a reservar el 2 por ciento de las plazas para personas con discapacidad. Existen también una serie de medidas alternativas al cumplimiento de la Ley, recogidas en el Real Decreto 27/2000 de 14 de enero.

Si se compara el porcentaje de incumplimiento de la normativa con los resultados obtenidos en las ediciones anteriores del Observatorio Fundación Grupo SIFU, se puede apreciar una "ligera mejora", ya que en 2005, sólo el 20 por ciento de los empresarios reconocía cumplir con la LISMI, mientras que en el 2006 la cifra subió hasta alcanzar el 32 por ciento, y en 2007 ha vuelto a subir hasta el 37,5 por ciento.

En las empresas españolas que contratan personas con discapacidad, este colectivo ocupa como media el 1,2 por ciento de la plantilla, registrándose un ligero aumento de un 0,1 por ciento respecto al año pasado. Por número de empleados, las grandes empresas siguen siendo las que cuentan con un porcentaje de personas con discapacidad más elevado, el 1,5 por ciento de su plantilla.

Por lo que respecta al perfil de personas discapacitadas contratadas, el 76,5 por ciento son hombres frente al 23,5 por ciento de mujeres, dato que, según el Observatorio Fundación Grupo SIFU, "pone de manifiesto la doble discriminación que sufre este último colectivo".

Una vez dentro de la empresa, las personas con discapacidad realizan trabajos de operarios y administrativos, frente a un porcentaje mínimo (2 por ciento) que desempeña su labor profesional en mandos superiores.

FRENOS A LA CONTRATACIÓN

Entre los principales frenos a la contratación de personal discapacitado, los empresarios argumentan como principal motivo la dificultad de encontrar este personal (53 por ciento). Además, se afirma que las personas con discapacidad no cumplen con el perfil requerido, no se quiere afrontar los gastos de las adaptaciones al puesto de trabajo o se tiene miedo a que estas personas se cojan más bajas.

A pesar de estas reticencias, las empresas que contratan personas con discapacidad manifiestan que obtienen "claros beneficios, además de un rendimiento igual que el resto de trabajadores". Así, ocho de cada 10 empresas se manifiestan "muy satisfechas" con el rendimiento de sus trabajadores discapacitados, destacando especialmente su elevado grado de compromiso y ganas.

Asimismo, sólo un 2 por ciento reconoce haber tenido experiencias negativas. El 65 por ciento de las empresas llevan contratando a personas con discapacidad desde hace más de 5 años. Entre las motivaciones principales a la hora de contratar personas con discapacidad, se encuentra en primer lugar la obligatoriedad de cumplir con la Ley, seguido de la conciencia de que las personas discapacitadas son "iguales que el resto".

En cuanto a las vías de contratación de estas personas, la mayoría (83%) se realiza siguiendo los cauces convencionales, mientras que un 21 por ciento opta por hacerlo a través de los centros especiales de empleo, lo que supone un incremento de un seis por ciento respecto a los datos de 2006.

De todos los sectores, el comercio es en el que más empresas cumplen la LISMI (41%), seguido de los servicios (38,5%) y el industrial (32%). La construcción se sitúa como el que más incumplimientos tiene.

CUMPLIMIENTO DE LA LEY POR CC.AA.

Por comunidades autónomas, Aragón es dónde más se cumple con esta normativa, ya que un 60,2 por ciento de los empresarios consultados asegura hacerlo, seguido de Cantabria, con un 60 por ciento y Galicia con un 51,4 por ciento. Otras cuatro comunidades superan también la media nacional, se trata de La Rioja (50%), País Vasco (47%), Cataluña (41,9%) y Baleares (36,5%).

En la parte baja de la tabla, se sitúan Asturias y Castilla La Mancha, con un cumplimiento de solo el 20 por ciento, Canarias con un 13 por ciento, Valencia con un 12,9 por ciento y Andalucía, que está en último lugar con el 12,5 por ciento.