El presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Aurelio Martínez, estimó hoy que, a partir de las cifras avanzadas por el Gobierno en torno a la moratoria de dos años en el 50% de la cuota hipotecaria de los parados que lo soliciten, el coste en avales para el organismo se situaría entre los 100 y los 400 millones de euros.
Durante la rueda de prensa para presentar el Indicador de Confianza del Consumidor de octubre, Martínez advirtió de que estas estimaciones son el resultado de un cálculo en el que intervienen variables de difícil predicción.
Así, recordó que la medida será de carácter voluntario, por lo que es difícil anticipar a cuantas familias beneficiará. Del mismo modo, dependerá de la tasa de morosidad hipotecaria que se alcance en los próximos años.
Por ello, el presidente del ICO instó a esperar a ver cómo queda diseñada la medida antes de hacer estimaciones más precisas. Así pues, recordó que esta moratoria "tiene que aprobarse en el Consejo de Ministros del viernes" y que, mientras tanto, "habrá que hablar con la entidades financieras, con los agentes sociales y someterla a discusión entre los ministerios afectados". "Habrá que esperar a ver cómo termina el tema", añadió.
En cualquier caso, Martínez afirmó que, "dado que es una medida de política económica, el Gobierno tendrá que proveer a través del fondo esta cuantía".
LA MEDIDA PREVE AFECTAR A 500.000 PERSONAS.
Según el anuncio del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se concederá una moratoria de 2 años a los parados en el pago de la mitad de su cuota hipotecaria, hasta un máximo de 500 euros mensuales y de 24 mensualidades, a partir del 1 de enero de 2009.
Esta medida, que prevé beneficiar a unas 500.000 familias, prevé que las obligaciones aplazadas se compensarán a partir del 1 de enero de 2011 mediante su prorrateo entre las mensualidades que resten para la satisfacción de la hipoteca, con el límite máximo de 10 años.
Además, en caso de que, finalmente, las familias no puedan satisfacer el resto de la cuota aplazada, el Estado garantizará estas cantidades a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
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