l Ayuntamiento de Barcelona reclamó hoy a la automovilística Nissan que estudie alternativas al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que amenaza a 1.680 empleos, y pidió a la Generalitat que exija a la multinacional que defina un plan industrial de futuro.
La oposición –CiU y PP– y el socio prioritario del Gobierno municipal –ERC– apoyaron la proposición que inicialmente era del bipartito, que forman PSC e ICV-EUiA. Sin embargo, los ecosocialistas se abstuvieron porque el texto no pide que la Generalitat no autorice los despidos, según explicó el concejal de ICV-EUiA Joaquim Mestre.
La proposición emplaza a trasladar a Nissan que el despido masivo como primera alternativa a la crisis no es la solución más responsable y requiere que se cumplan todas las garantías previstas en la legislación laboral. El consistorio también valora positivamente la iniciativa de la Generalitat de crear un grupo de trabajo para seguir la situación y otras de similares.
El PP ha incluido en el texto dos propuestas. Una es solicitar al Govern que apoye a los sectores auxiliares del automóvil para mantener los puestos indirectos que genera Nissan, y la otra, instar al Ministerio de Trabajo e Inmigración que actúe en colaboración con la Generalitat para mantener los empleos de esta empresa.
El tercer teniente de alcalde de Hacienda y Promoción Económica Jordi William Carnes, recordó que la planta de Barcelona de Nissan es la quinta más valorada en términos de calificación profesional. "No entendemos como en una planta tan bien valorada se pueda presentar un ERE sin haber presentado un plan industrial?, según dijo.
El presidente del grupo municipal del PP, Alberto Fernández Díaz, aseguró que cada puesto de trabajo de una compañía grande puede representar perder otros dos de empresas pequeñas, con lo que el ERE de Nissan "puede llegar a afectar a 4.000 trabajadores".
El presidente de CiU en el Ayuntamiento, Xavier Trias, consideró que apostar por despidos masivos "no es la postura más responsable" y reclamó a Nissan no utilizar la crisis para "sanear" la empresa. Mestre (ICV-EUiA) también acusó a la empresa de "aprovecharse" de la situación de dificultad económica.
Ante esta situación, el presidente municipal de ERC, Jordi Portabella, consideró el consistorio "capaz" de intervenir sobre una cuestión que afecta a familias y al tejido industrial de Barcelona y su área metropolitana.
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