Ocho personas, entre ellas cinco empresarios, fueron detenidas en León como presuntas autoras de diversos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra los derechos de los trabajadores, cohecho y estafa, según informaron a Europa Press fuentes policiales.
Los detenidos captaban a ciudadanos extranjeros en sus países de origen y que estuvieran interesados en trabajar en España. Les ofrecían falsas ofertas de empleo a cambio de cantidades que oscilaban entre los 2.000 y 9.000 euros, según su situación económica que era conocida por su captador, hipotecando sus casas y bienes para saldar dicha deuda.
Las empresas investigadas tramitaron más de 170 solicitudes para trabajadores extranjeros, por lo que se calcula que los detenidos podrían haber obtenido, mediante la gestión fraudulenta de los permisos de trabajo para estas personas, más de medio millón de euros de beneficios.
Entre los arrestados se encuentran cinco empresarios de la provincia de León, un funcionario, un letrado y una mujer que actuaba como intermediaria entre los empresarios y los trabajadores estafados. La operación policial fue realizada por la Unidad Central contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) y la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de León.
TRAMA DENUNCIADA HACE UN AÑO
El año pasado una ciudadana chilena denunció la existencia de un entramado compuesto por varios empresarios españoles que, a través de intermediarios de origen marroquí y ucraniano, se dedicaba a la captación de trabajadores en sus países de origen a los que proponían falsas ofertas de empleo en sus empresas y sociedades a cambio de diversas cantidades de dinero.
Una vez en España, eran obligados a empadronarse en la provincia de León, donde figuran las empresas "contratantes". En ocasiones, dichos empresarios no daban de alta a los trabajadores en la Seguridad Social, o si lo hacían era por un número muy escaso de días, incluso hay casos en los que las víctimas han declarado que nunca llegaron a trabajar.
Los agentes pudieron identificar a los responsables de los hechos investigados, así como a las empresas y asesorías utilizadas para la tramitación de las solicitudes de Autorización de Residencia y Trabajo y la renovación de éstas.
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