El Consejo de Gobierno aprobó ayer un decreto que mejora la regulación y las condiciones de las ayudas públicas de la Administración de Castilla y León destinadas a la integración laboral de las personas con discapacidad y amplía esta subvenciones a todas las empresas y no sólo a las de más de 50 trabajadores.
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, aseguró que el fomento del empleo de las personas con discapacidad es una acción prioritaria y de carácter transversal que requiere medidas que permitan su plena integración laboral y social.
El decreto introduce requisitos y criterios de valoración así como preferencias de carácter general para todo tipo de subvenciones dirigidas a todas las empresas y no sólo a las directamente vinculadas a la promoción del empleo de las personas con discapacidad.
Como novedad se establece que podrán optar a ayudas las empresas que, con menos de cincuenta trabajadores y sin obligaciones legales en este asunto, acrediten tener en su plantilla a trabajadores con discapacidad. Además, podrán solicitar la ayuda aquellas empresas que, con una plantilla superior a los cincuenta o más trabajadores y con la obligación legal prevista en el artículo acrediten tener en su plantilla un porcentaje mayor de trabajadores con discapacidad que el previsto en la legislación vigente (2 por ciento).
El decreto también recoge la situación de las empresas que cumplan estrictamente la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad y manifiesten el compromiso de realizar las contrataciones oportunas para alcanzar alguna de las circunstancias anteriores durante el plazo de ejecución de la actividad objeto de la subvención o ayuda.
Las subvenciones, como instrumento jurídico-económico para el fomento de determinadas actividades y comportamientos considerados de interés general, son la herramienta idónea para promover la integración laboral de las personas con discapacidad. Por ello, pese a que la incentivación directa de la contratación de personas con discapacidad mediante la concesión de subvenciones e incentivos es imprescindible, se hace necesario potenciar este efecto con otra serie de medidas complementarias que las empresas pueden adoptar como alternativas.
Según lo especificado en el Real Decreto 364/2005, entre estas alternativas se encuentra la celebración de un contrato mercantil o civil con un centro especial de empleo, o con un trabajador autónomo con discapacidad, bien para el suministro de materias primas, maquinaria, bienes de equipo o cualquier otro tipo de bienes necesarios para el desarrollo de la actividad de la empresa que opta por esta medida.
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