El fiscal solicita diez años de prisión para Carlos Carretero, ex jefe de la Policía Local de Ubrique (Cádiz), y para Casto Sánchez, inspector médico, a quienes considera los promotores de un plan para beneficiarse de forma ilícita mediante la obtención de pensiones de incapacidad laboral o invalidez del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), conocido como ‘Caso Karlos’.
El escrito de calificación fiscal, al que tuvo acceso Europa Press y adelantó ayer El Diario de Cádiz, señala a Carlos Carretero como la persona que "ideó el plan" para beneficiarse con la obtención de incapacidades para personas a las que previamente captaba y a las que se le exigía una determinada cantidad de dinero.
Para ello, Carretero actuaba de acuerdo con el también acusado Francisco Casto, funcionario público que desempeñaba el puesto de inspector medico destinado en Unidad Medica de Valoración de Incapacidades de la Junta de Andalucía que, debido a su situación, podía "influir" de manera determinante en el reconocimiento de prestaciones a los beneficiarios.
Para Carlos Carretero, el fiscal pide un total de diez años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante un periodo de seis años, acusado de un delito de estafa y considerado cooperador necesario en los delito de falsedad documental y usurpación de estado civil.
Para Francisco Casto pide diez años de prisión y 16 de inhabilitación por los delitos de falsedad y actividades prohibidas a un funcionario público. Además, considera a Casto cooperador e los delitos de estafa y cohecho.
Entre los 24 procesados, figuran cuatro médicos. Para dos de ellos, Luis Carretero y Harold Escalante, el fiscal pide cinco años de prisión y seis años de inhabilitación por los delitos de falsedad y cooperadores en el de estafa. Los otros dos médicos, tendrían que enfrentarse a una suspensión de cargo público por nueve meses y a una multa.
También figuran como acusadas otras 18 personas, para quienes solicitan una pena de cuatro años y seis meses de prisión. Entre ellos, figuran María José Campanario -esposa del torero ‘Jesulín de Ubrique’- y la madre de ésta, Remedios Torres, acusadas de un delito de estafa y consideradas colaboradoras en el de falsedad.
Finalmente, en su escrito de acusación, el fiscal pide el sobreseimiento provisional respecto a nueve personas, anteriormente imputadas, por estimar que su participación en los hechos "no reviste relevancia penal".
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