El Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana anunció ayer que se personará como acusación particular en la causa abierta por la presunta falsificación de títulos universitarios, en la que hay 27 personas detenidas en 18 ciudades de toda España, entre ellas, Valencia y Alicante, según informaron en un comunicado fuentes de la entidad.
El colegio ha adoptado esta decisión tras tener conocimiento de que el segundo mayor porcentaje de títulos falsificados los tenían los Técnicos Médicos en Terapia Física y Rehabilitación, que con la homologación en España podían ejercer como fisioterapeuta. Ante ello, la entidad decidió personarse en el caso y, en la actualidad, está a la espera de que el juzgado le comunique los nombres de los presuntos estafadores para saber si están o no colegiados y, si es así, tomar las medidas pertinentes para expulsarlos inmediatamente.
Asimismo, optará por aprovechar las reuniones con las diferentes instituciones políticas y sindicales para transmitirles la "necesidad" de unas "buenas inspecciones" por parte de la Administración, y ahondar más en la exigencia de la colegiación para la totalidad de profesionales en ejercicio, bien sea público o privado. El objetivo no sólo es el de proteger el marco profesional del fisioterapeuta, sino también la salud de los ciudadanos.
Además, destacaron que no se puede permitir que individuos con títulos no reglados de quiropraxia, osteopatía o masajes terapéuticos sigan con sus títulos colgados en las paredes de sus clínicas, y afirmaron que la solución pasa por la concienciación. Así, incidieron en que "exigir" la colegiación y la correspondiente titulación académica reglada en las clínicas, además de denunciar a las que no lo dispongan, "será la primera piedra para mejorar la calidad del servicio profesional que presta un fisioterapeuta".
DATOS DE LA OPERACIÓN
La operación, denominada ‘Estudiante’, se inició en San Sebastián, donde se produjeron las primeras tres detenciones de supuestos fisioterapeutas que declararon haber obtenido dichos títulos previo pago de unos 18.000 euros.
La investigación continuó en distintas localidades españolas, hasta un total de 27 detenidos y 12 imputados. Además se realizaron cinco registros: dos en Alicante, otros dos en Málaga y el último en Fuengirola. Las investigaciones no han concluido y se esperan próximas detenciones en Lima (Perú) de los responsables de emitir y enviar dichos títulos a España.
A raíz de las primeras detenciones realizadas en San Sebastián pudo identificarse al propietario de la academia que ofertaba las falsas titulaciones y que estaba ubicada en una localidad alicantina. Este individuo, Eduardo P.M., poseía además una clínica en la que ejercía como licenciado en Medicina y Cirugía y su mujer regentaba una parafarmacia contigua como diplomada.
Los datos bancarios de la mencionada academia reflejaban numerosas transferencias bancarias en concepto de "convalidación de títulos". Los agentes confeccionaron un listado con los ordenantes de dichos ingresos que fue remitido al Ministerio de Educación y Ciencia. Muchos de estos sujetos habían logrado homologar sus títulos, los cuales pudo comprobarse posteriormente que eran falsos. Asimismo se averiguó que Eduardo P.M. contaba con otro socio, José L.M., que residía en Málaga, donde poseía otra academia desde la que ofrecía también estas falsificaciones que habían sido homologadas.
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