El director general de Economía Social, Trabajo Autonómo y Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio de Trabajo e Inmigración, Juan José Barrera, defendió ayer la labor de la Administración del Estado a la hora de exigir a la empresas que elaboren políticas socialmente responsables.
Durante su intervención en el I Congreso de Responsabilidad Social de las Pequeñas y Medianas Empresas, que se clausuró ayer en Palma de Mallorca, el director general explicó las claves del recién creado Consejo Estatal de RSE y apeló a la transparencia informativa como uno de los instrumentos para fomentar la responsabilidad social de las empresas, incluidas las pymes.
Así, Barrera apostó por el intercambio de experiencias, y en especial, la difusión de las buenas prácticas de ética social y medioambiental, pero, al mismo tiempo, reconoció que ‘el problema’ reside en ‘cómo llegar a las pequeñas y medianas empresas’.
Con respecto a la amplia presencia de la Administración Pública dentro de la configuración del Consejo Estatal, el director general no cree que ‘tenga un peso’ por encima de los otros grupos (sindicatos, empresarios y organizaciones de RSE) que forman el cuatripartito del Consejo. ‘Son una parte más’, subrayó.
Entre las herramientas del fomento de la RSE en la Administración, Barrera mencionó, además de la transparencia informativa, las medidas anticorrupción y de conciliación de la vida laboral y familiar de los funcionarios y funcionarias en línea con lo estipulado por la Ley Orgánica de Igualdad. En este sentido, el director general consideró ‘importantes’ esta norma y la Ley de Dependencia, pues, a su juicio, ‘no sólo afectan a las empresas, sino también a Administraciones Públicas y a la Ley de Contratos de Estado’.
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