La consejera de Trabajo y Empleo, María Luz Rodríguez, aseguró ayer que en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la empresa Puertas Mavisa, asentada en la localidad toledana de Villacañas, que afecta a 124 trabajadores, se trabajará "ayudando a la empresa y trabajadores para que negocien el periodo de consultas y para que intenten lograr un acuerdo".
En este sentido, indicó que en este como en otros ERE que se han presentado en Castilla-La Mancha "siempre hemos intentado que la asunción pase por preservar el tejido industrial y el mayor número de puestos de trabajo posible".
Así lo expresó Rodríguez a preguntas de los medios antes de comparecer ante la Comisión de Trabajo y Empleo de las Cortes regionales, para informar sobre el Plan por el Crecimiento, la Consolidación y la Calidad del Empleo en Castilla-La Mancha 2008-2013.
En este sentido, apuntó que este ERE se enmarca en el sector de las puertas, "una industria afectada por la crisis del sector de la construcción", y por ello, desde la Consejería se trabajará "ayudando a la empresa y a los trabajadores a llegar a un acuerdo", señaló.
SITUACIÓN ECONÓMICA
En la misma línea, María Luz Rodríguez señaló que en Castilla-La Mancha se están viendo empresas que pasan por dificultades económicas, "algo que es consecuencia de la crisis, que genera pérdidas de puestos de trabajo".
No obstante, ante estas dificultades económicas, la responsable de Trabajo y Empleo aseguró que las empresas "están respondiendo a través de la ley", es decir, acudiendo a concursos; ERE de suspensión de contratos de trabajo; ERE de reducción de la jornada laboral, y en otros casos, "los menos", ERE de extinción de contratos.
A partir de ese momento, explicó Rodríguez, el mecanismo que se pone en marcha es el que marca la propia legislación laboral actual, es decir, "se llega a un acuerdo a través de un ERE, en el que se marca la indemnización que tienen que cobrar los trabajadores que ven extinguidos sus contratos".
Desde la autoridad competente se estudia entonces la situación de la empresa, y en función del estado de las cuentas, hay una parte de la indemnización que paga el Fondo de Garantía Salarial y otra parte que paga la empresa. "Ni más ni menos que la aplicación de la ley vigente", subrayó Rodríguez.
Finalmente, preguntada por si la Consejería ha detectado una tendencia de despidos irregulares, María Luz Rodríguez señaló que desde Trabajo y Empleo se percibe que hay procesos de extinción de trabajo; colectivos e individuales, que "en todo caso siguen su cauce legal".
En este sentido, detalló que cuando se produce un despido colectivo se siguen los pasos pertinentes, un periodo de consultas y la utilización de la ley. Si se trata de un despido individual, existe la posibilidad, por parte del trabajador, de recurrir a la jurisdicción social si no está de acuerdo con el mismo.
En ambos supuestos, la legislación contempla las capacidades de reacción jurídica cuando los trabajadores no están de acuerdo, o bien con las causas alegadas, o bien con las indemnizaciones ofrecidas.
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