26 de noviembre de 2024
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DGT y Trabajo trabajan en una base de datos conjunta que relacione accidentes de tráfico y laborales

DGT y Trabajo trabajan en una base de datos conjunta que relacione accidentes de tráfico y laborales

El director general de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, informó ayer de que su departamento está trabajando con el Ministerio de Trabajo e Inmigración para "cruzar" y "compatibilizar" los registros de accidentes de tráfico y de accidentes laborales de cara a reducir el número de víctimas que se cobra la carretera durante la jornada laboral.  

   Durante su comparecencia en la Comisión no permanente sobre Seguridad Vial y Prevención de Accidentes de Tráfico, Navarro explicó que hasta ahora cada uno de los registros era gestionado de forma independiente por ambos organismos, pero consideró "fundamental" conseguir "más y mejor información" para reducir los accidentes de tráfico ‘in itinere’.  

   Para ello, comentó la posibilidad de que "el atestado del accidente de tráfico incluya alguna variable que haga referencia al accidente de trabajo", y el parte de accidente de trabajo incorpore información sobre las condiciones en que se ha producido el siniestro, tales como "tipo de vehículo, distancia que recorría u hora", entre otros.

   Asimismo, apuntó la necesidad de que el trabajo de la fiscalía especial de Seguridad Vial y el de la fiscalía especializada en siniestralidad laboral se "yuxtapongan", y haya una mayor esfuerzo en "coser, unir e integrar" el trabajo del resto de administraciones y organizaciones implicadas tanto en tráfico como en el ámbito laboral.

   Igualmente, Navarro afirmó que desde la DGT se va a emprender un proyecto "de largo recorrido, ambicioso y novedoso" para intentar incorporar la política de Seguridad Vial a las empresas, y dar publicidad a las buenas prácticas que las compañías pongan en práctica en este terreno.

   En este sentido, el director general de la DGT se fijó como primer objetivo trabajar para que las empresas incorporen de forma voluntaria "la seguridad vial en sus planes de formación continua de trabajadores", y convencer a los empresarios de que "no pueden ser ajenos" a los accidentes que les ocurra a sus empleados en la carretera por el mero hecho de que no se encontrasen en su puesto de trabajo.

MÁS DE 80.000 ACCIDENTES LABORALES EN LA CARRETERA.

   Navarro recordó que, según el Instituto Nacional de Seguridad en el Trabajo, 87.038 accidentes de trabajo ocurridos en 2007 fueron debidos a accidentes de tráfico, y alrededor del 40% de las muertes en accidente de trabajo durante ese año fueron debidas a siniestros en la carretera. Además, de los 1.167 accidentes mortales de trabajo, 470 ocurrieron en la carretera.

   Respecto a las características de los siniestros, señaló que la mayoría de este tipo de accidentes (el 69%) corresponde a trabajadores normales, no a camioneros taxistas u a otro tipo de conductores profesionales, y en gran parte de los casos (el 65%), los accidentes se produjeron cuando las personas iban o volvían del trabajo y no durante la jornada laboral.

   Por su parte, el portavoz de CiU, Jordi Jané i Guasch, subrayó que los accidentes "in itinere" son "un problema importante" por lo que se mostró a favor de que haya una "mayor coordinación de esfuerzos" tanto de las autoridades laborales como de las de interior, y afirmó que "no estaría de más" que el ministro de Trabajo e Inmigración compareciera ante la comisión para explicar los avances que se vayan consiguiendo.

   El portavoz del Grupo Popular, Federico Souvirón García, acusó al director de la DGT de "ir a hacerse la foto" presentar "como algo nuevo" un proyecto que ya se contemplaba en el Plan Estratégico de Seguridad Vial para 2005-2008, pero mostró la intención de su grupo de apoyar el proyecto. "Peor nunca que tarde", enfatizó.

   Por último, el portavoz del Grupo Socialista, Juan Corcuera Plaza, valoró que Navarro compareciera a petición propia como una manera de "hacer pedagogía, establecer una agenda y marcar una prioridad política" sobre un tema que consideró "una responsabilidad compartida" de las administraciones y de la sociedad civil.

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