Juana Gálvez, la secretaria judicial sancionada por no ejecutar una condena al acusado de matar a la niña onubense Mari Luz Cortés, agradeció el miércoles la solidaridad de sus compañeros y achacó a unas "organizaciones caducas" y unas "leyes obsoletas" las circunstancias que llevaron a que Santiago del Valle estuviera en la calle pese a tener dos condenas por pederastia.
"A pesar de todo lo que se ha dicho y escrito (…) tengo la tranquilidad de haber desempeñado mis funciones con absoluta dedicación y empeño y ello a pesar de (…) la carencia de medios personales y materiales", dijo Gálvez en un breve comunicado que leyó rodeada de medios de comunicación.
"Esas dificultades traen consigo los desgraciados sucesos que lamentamos y que esperamos que con el esfuerzo de todos puedan evitarse", añadió.
Los secretarios judiciales protagonizaron el martes un paro de tres horas para protestar por la sanción de dos años de suspensión de empleo y sueldo aplicada a Gálvez, así como para exigir una modernización de la Justicia.
La decisión de los jueces de convocar a las mismas horas reuniones de trabajo provocó la práctica paralización de los juzgados españoles, lo que llevó al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, a denunciar el "corporativismo desmedido" del poder judicial.
La protesta de los jueces iba dirigida contra las supuestas "injerencias" del Gobierno en la judicatura, por las críticas vertidas desde el Ejecutivo por considerar demasiado leve la sanción impuesta por el mismo caso al juez Rafael Tirado.
La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial multó con 1.500 euros a Tirado por no ordenar que se ejecutara la sentencia contra Del Valle, aunque ahora podría revisar esa sanción.
El ministro de Justicia advirtió el martes de que nadie era intocable, mientras que los jueces consideraron que lo que pretende el Gobierno es ocultar la responsabilidad del poder político en la falta de medios de la Justicia.
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