La Unión de Guardias Civiles (UniónGC) prestó ayer su apoyo a la denuncia interpuesta ayer por la Unión de Oficiales contra el director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, como presunto autor de un delito de coacciones y amenazas, las cuales tildó de "vergonzosas y humillantes".
La UniónGC se comprometió a poner a disposición de la UO sus servicios jurídicos como respuesta a la circular que Velázquez envió a todas las unidades de la Guardia Civil, en momentos previos a la manifestación del sábado, y por la que advertía a los agentes "de la segura apertura de expediente disciplinario" si acudían a la concentración.
En un comunicado, la asociación tildó las amenazas, procedentes tanto del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, como del director general, de "vergonzosas y humillantes", al tiempo que denunció la intención de los responsables políticos de "amordazar" a los agentes de la Benemérita para que la sociedad "no sepa" sus "indecentes condiciones de vida". "Son totalmente anticonstitucionales", remachó.
Para la UniónGC, el Ministerio pretende confundir a los ciudadanos, trasladándoles que los motivos que ocasionaron la protesta se centran en la legislación que regula a los guardias civiles, y no en la "equiparación salarial y la dignidad profesional". En este punto, criticó que esta normativa "amordaza ahora" a los agentes y recordó que su asociación ya "criticó duramente" la legislación.
"El tiempo nos ha dado la razón: son ‘leyes basura’", criticó, para calificar la Ley Orgánica de Derechos y Deberes y la Ley del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil como "una estafa" a los agentes del Cuerpo y, en definitiva, "una tomadura de pelo". Por ello, anunció que promoverá las medidas necesarias para modificar las leyes. "Serán legales, pero no legítimas", indicó.
Finalmente, insistió en que convocará una manifestación de agentes encapuchados, con la colaboración de los policías estatales, autonómicos y locales, en caso de que Interior sancione a alguno de los guardias civiles participantes en el acto del sábado. "Si nuestro futuro depende de que no seamos reconocidos ejerciendo un derecho democrático, como es el de manifestación, no nos dejaran otra opción que volver a la época de las capuchas", concluyó.
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