Las asociaciones de jueces trasladaron ayer al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) su "descontento" ante las actuales deficiencias estructurales en la Administración de Justicia y las "injerencias" desde ámbitos políticos en relación con el expediente disciplinario al juez de Sevilla Rafael Tirado, situaciones que han contribuido a que se sientan "quemados", según palabras del portavoz de la asociación Francisco de Vitoria (FdV), Lorenzo del Río. El juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, no descartó que los jueces acaben convocando paros si no se ponen medios para paliar la situación.
Así se manifestaron los asistentes a la reunión convocada ayer en la sede del Consejo por su nuevo presidente, Carlos Dívar, quien se comprometió con las asociaciones judiciales y con una delegación de 14 jueces decanos de toda España a "liderar" sus reclamaciones frente al Ejecutivo central y aquellas autonomías con competencias en este ámbito, así como a defender la independencia del Poder Judicial ante cualquier injerencia desde ámbitos políticos.
La reunión se celebra un día antes de que los jueces realicen juntas en todos los órganos españoles (así lo anunciaron los jueces decanos y los presidentes de las audiencias provinciales) para denunciar la actual situación.
La celebración de dichas juntas coincidirá mañana con el paro que secundarán los secretarios judiciales entre las 10 y las 13 horas en protesta por la sanción impuesta por el Ministerio de Justicia a la secretaria del juzgado de Tirado, Juana Gálvez, por su responsabilidad en el retraso en la ejecución de una sentencia dictada contra Santiago del Valle, presunto asesino de la niña Mari Luz.
Entre los asistentes se encontraba el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), José Manuel López García de la Serrana, quien negó que la convocatoria de mañana sea una huelga encubierta e insistió en que si coincide con los paros de los secretarios es porque se pretende manifestar ante la opinión pública que existe "un problema".
"La reunión ha sido positiva porque el Consejo va a abanderar la resolución de los problemas que afectan a la justicia", según López García de la Serrana, que insistió en que la responsabilidad de la organización de la nueva Oficina Judicial y de los medios informáticos corresponde al Gobierno y a las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia.
Más rotundo en sus afirmaciones fue el portavoz de FdV, Lorenzo del Río, quien se refirió a las juntas de mañana como un intento de "encauzar el descontento" existente en la Carrera Judicial, cuyos miembros consideran como un "trato injusto" que se les haga únicos responsables de "ciertas disfunciones".
"LÍNEA ROJA".
Por su parte, el portavoz de JpD, Miguel Ángel Gimeno, destacó que durante la reunión se solicitó al CGPJ que marque "esa línea roja que establezca dónde están los límites de una posible injerencia de poderes ajenos al Consejo y el límite interno de este órgano para que tampoco se inmiscuya en otros poderes".
Además, Gimeno insistió en que los jueces son independientes, y que eso conlleva ser responsables, si bien "no pueden hacerse responsables de lo que no controlan", en alusión a la organización de los juzgados. Reconoció que quizá deberían haber protestado antes y reconoció la "novedad" del correo electrónico como instrumento para poner de manifiesto el descontento en la Carrera
En este punto fue secundado por Del Río, que recordó que los jueces "no están acostumbrados a salir a la palestra y no son quejicas por naturaleza", si bien llevan mucho tiempo "tapando agujeros con un sobreesfuerzo personal" y el descontento "ha aflorado ahora de forma espontánea y personal".
"Los jueces estamos quemados por el déficit de medios materiales y personales y queremos sentirnos arropados", insistió el portavoz de FdV.
JUEZ DECANO.
Por su parte, González Armengol criticó que el Consejo no hubiera salido a protestar "en bloque" por las injerencias del Gobierno en el expediente al juez Tirado y que, una vez lo ha hecho, la respuesta haya sido "liviana y sin contundencia".
Señaló que los jueces de Plaza de Castilla, en Madrid, celebrarán su junta a las once de la mañana y que en ella esperan aprobar los escritos de protesta respaldados por los jueces decanos reunidos en Cádiz durante la primera semana de este mes, el aprobado por los presidentes de las audiencias provinciales la pasada semana y el que, en el mismo sentido, se firmó ayer por magistrados del Tribunal Supremo.
Se pronunciarán igualmente sobre el número de juzgados que, a su juicio, necesita cada partido judicial y reclamarán una revisión de los módulos (carga de trabajo) exigidos a cada juzgado. A este respecto, al menos en Madrid, estudian no registrar ni pasar a reparto las causas que excedan de los citados módulos.
Finalmente, recordó que los jueces de Francia, Portugal e Italia fueron en su día a la huelga para exigir un incremento de sus retribuciones y no descarta que, de proseguir la actual situación, los jueces españoles acaben convocando paros, una posibilidad que, a su juicio, no les es negada por la Constitución ni por la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Las protestas tienen su origen en las manifestaciones realizadas recientemente tanto por el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, como por la vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega. Ambos han reclamado públicamente una sanción más dura para el juez Tirado.
Se trata del titular del Juzgado de lo Penal de Sevilla número 1, a quien el CGPJ que cesó a finales del pasado mes de septiembre multó con 1.500 euros por los retrasos en la ejecución de una sentencia por abusos sexuales dictada contra Santiago Del Valle. La decisión final sobre Tirado está pendiente de la resolución que adopte el nuevo Consejo tras el recurso interpuesto por la Fiscalía, que pide que el juez sea suspendido por tres años.
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