El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, defendió ayer que los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) son herramientas diseñadas para las crisis empresariales y con una clara vocación de defensa de los trabajadores que, en un 95% finalizan con acuerdos entre las partes.
Durante su intervención en el pleno del Senado, el titular de la cartera de Trabajo expresó su "plena confianza" en la "buena gestión" de estos expedientes por parte de la autoridad laboral, dependiente de su Ministerio, y señaló que un 60% de estos procedimientos son competencia de las comunidades autónomas. Además, indicó que la Comunidad Valenciana, gobernada por el PP, es la región que más EREs ha autorizado este año, con un 22% del total.
Corbacho definió los EREs como "procedimientos administrativos laborales cuyas causas y normas de utilización están perfectamente regladas en la ley, y que tienen unos mecanismos de control muy rigurosos y transparentes".
Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en el Senado, Nicolás Fernández Cucurull, pidió al ministro que elabore un "plan de rescate de parados" que no se limite al incremento de los fondos destinados al desempleo y los ERE, que calificó como "síntomas del reconocimiento de un fracaso".
En la misma línea, Fernández señaló que el "el fuerte crecimiento del paro en España es un síntoma de que hay una crisis económica con componentes propios, agravada por la inactividad del Gobierno en los últimos cuatro años".
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