La patronal del sector del metal en Granada defendió ayer su postura de no ratificar el preacuerdo alcanzado en junio con los sindicatos, al considerar que el documento no recoge "de forma clara" las contraprestaciones "que justifican un aumento salarial medio de un 8,5 por ciento" y acusan a la acción sindical de tener "mala fe", al querer obtener a través de los tribunales otro incremento del 20 por ciento.
El presidente de la Unión de Empresarios del Metal en la provincia, Carlos Infanzón, explicó ayer en rueda de prensa que el principal motivo por el que no se acepta el preacuerdo es porque "no cumple las expectativas empresariales", al no quedar claramente reflejada la flexibilidad en el establecimiento del calendario laboral y existir "por un error de redacción" una reducción de la jornada de ocho horas para 2008, a pesar de que en la negociaciones "se acordó que se mantendría la jornada actual de 1.760 horas anuales".
Los empresarios también piden mayor claridad en la redacción del artículo 13 del preacuerdo, que se refiere a los complementos económicos por trabajos tóxicos, peligrosos y penosos, de modo que se definan estos conceptos para evitar que "al no ponerse de acuerdo la Comisión Paritaria se sigan originando conflictos ante los tribunales a través de la interpretación de este artículo".
En este contexto, Infanzón criticó que se desarrollaran acciones sindicales "justo después de la firma del preacuerdo", lo que , a su juicio demuestra que "lo que querían los sindicatos era un incremento salarial en las negociaciones y otro posterior a través de sentencias judiciales".
Por su parte, la secretaria general de la Asociación Provincial de la Industria del Automóvil y secretaria general de la Federación de Empresarios del Metal, María José Medialdea, aseguró que el preacuerdo "no es válido" puesto que éste incluía una cláusula por la que "sólo se le otorgaría validez si era ratificado por las asambleas de trabajadores y empresarios", lo que, según dijo, en el caso de la patronal no ha ocurrido.
PRESIONES A LA JUNTA
Los empresarios negaron "haber realizado ningún tipo de presión ni coacción" al consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, para evitar la publicación del preacuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), como así argumentaron recientemente los sindicatos, y aseguraron, además, que en el documento no consta que éste entraría en vigor tras su publicación.
Para los empresarios, las reuniones mantenidas con posterioridad "han demostrado que los sindicatos sí han actuado con mala fe y que, como siempre, no son de fiar, pues a pesar de que el preacuerdo representaba una subida muy importante para 2008 se oponen a una redacción clara, para conseguir de esa forma una subida del 20 por ciento en los tribunales".
Así, negaron "la mala fe empresarial" que le atribuyen los sindicatos y aseguraron que "en todo momento han puesto sobre la mesa" sus criterios para el nuevo convenio colectivo y los "han mantenido" en todas las reuniones a fin de alcanzar un "acuerdo definitivo y justo".
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