El presidente de APAG Extremadura Asaja, Bibiano Serrano, exigió ayer al Gobierno regional y a los sindicatos que "dejen de negar el problema de la falta de mano de obra" en los campos extremeños y constituyan un sistema que permita a los agricultores contratar trabajadores extranjeros en origen para evitar el flujo "descontrolado" de inmigrantes y la proliferación de asentamientos ilegales.
En palabras de Serrano, la "única solución" para paliar la "necesidad" de mano de obra y para evitar los "problemas" de orden social y económico que acarrea la "llegada masiva" de inmigrantes está en "copiar literalmente" el modelo de contrataciones que se aplica en la localidad de Cartaya (Huelva) para la campaña de recogida de la fresa.
"No nos valen excusas", comentó y subrayó que esta "antigua reivindicación" únicamente verá la luz si se autoriza un contingente en origen, para que los trabajadores extranjeros que vienen a Extremadura a ocuparse de las labores del campo "vengan con un contrato, estén aquí el tiempo justo sin traerse a toda la familia, y luego regresen a sus países".
Bibiano Serrano hizo estas declaraciones ayer en una rueda de prensa que se celebró en la sede de la organización en Mérida, y durante la que se analizó la "necesidad" de mano de obra para las campañas de la uva y de la aceituna en Tierra de Barros.
"NOS HACEN FALTA"
El presidente de la organización agraria recalcó que los empresarios agrícolas de Extremadura "no quieren" contratar trabajadores extranjeros, sin embargo, reconoció que "no" les "queda más remedio", porque les "hacen falta".
Según dijo, contratar jornaleros inmigrantes le "sale más caro" al agricultor, y al precio, se "suman" otras "dificultades" añadidas, como las idiomáticas, o la "falta de experiencia" de estos trabajadores.
"No nos entendemos, requieren que se les enseñe todo y, en cuanto al rendimiento, no hay color con respecto a los trabajadores extremeños; las cosas están claras, no los queremos, pero los necesitamos", insistió.
Serrano criticó que, pese a que "todos los años" se "repite el mismo problema", continúan llegando a Extremadura, y especialmente a la zona de Tierra de Barros, "muchos más extranjeros" de los que se necesitan para cubrir las plazas de jornaleros y eso, recalcó, implica que se creen "asentamientos ilegales", que los hijos de esos inmigrantes "se queden sin escolarizar" y que se incremente la "delincuencia".
"Si necesitamos 3.000 y vienen 8.000, ¿qué hacen si no tienen trabajo? Yo mismo robaría si mis hijos estuvieran muriéndose de hambre", comentó.
DE LA CONSTRUCCIÓN AL CAMPO
Por otro lado, Bibiano Serrano se mostró "gratamente sorprendido" porque la "necesidad" de mano de obra extranjera se ha visto suplida "en parte" por obreros de los sectores de la construcción y de servicios que han perdido sus empleos como consecuencia de la "crisis".
Tres meses antes del comienzo de las campañas de la uva y de la aceituna, explicó, APAG Extremadura Asaja presentó ante la Delegación de Gobierno una previsión de mano de obra de 1.700 jornaleros inmigrantes, una cifra que se ha rebajado hasta los 795, debido a la incorporación de trabajadores de los sectores mencionados y a la contratación de 350 rumanos y búlgaros.
No obstante, recalcó que "aún es necesario" plantear la contratación en origen, pues se calcula que entre la campaña de la uva, que inició en el mes de septiembre, y la de la aceituna, que iniciará esta semana, habrá 1.700.000 jornales.
ALBERGUE "VACÍO"
Serrano hizo referencia, además, a la situación del albergue de jornaleros ubicado en el municipio de Santa Marta de los Barros (Badajoz), habilitado desde el pasado 5 de septiembre, y que está "completamente vacío" por la "masiva negativa" a ocuparlo de los trabajadores rumanos y búlgaros que trabajan en la zona.
El recinto, con capacidad para 200 personas, ha tenido un coste de 24.000 euros para los empresarios agrícolas de la organización y de 30.000 euros para el ayuntamiento de la localidad, que ha cedido los terrenos y ha dotado al albergue de luz eléctrica, agua corriente y saneamiento. El mobiliario ha sido "donado" por el Ayuntamiento de Cartaya (Huelva).
No obstante, y a pesar del "confort" de estas instalaciones, dijo, los jornaleros rumanos y búlgaros para quienes se construyó este espacio "no quieren cumplir las simples normas que se han establecido y se niegan a ocuparlo".
Dichas normas contemplan que el albergue sólo puede ser ocupado por los trabajadores "legalmente contratados", y no por "toda su familia". Queda prohibido aparcar vehículos fuera de la zona habilitada para ello, así como el ingreso de bebidas alcohólicas o la entrada más tarde de las 00.00 en días laborables.
A juicio de Serrano, la "negativa" a usar el albergue es consecuencia de su "cultura". "Ellos van por libre, no quieren control, vienen con sus familias, incluso con los abuelos, y quieren que todos vivan allí; además no toleran que se les prohíba consumir alcohol en el recinto ni que se fije un horario; querían hacer un uso tipo asentamiento y eso no se puede consentir", añadió.
Sin embargo, adelantó que tanto los empresarios agrícolas como los ayuntamientos responsables del albergue no lo desmantelarán hasta "ver qué pasa con la recogida de la aceituna de verdeo".
Respecto a la campaña de recolección de la aceituna de verdeo, que empezará esta semana, Serrano indicó que "aún todo está en el aire", porque el precio que se ha planteado es "entre el 35 y el 40 por ciento menor que el del año pasado".
"Desconocemos aún si podremos tener aceituna de verdeo o no este año, pero prevemos que si la hay, será más corta y con menor número de kilos que otros años, porque ha dejado de ser rentable, y ni de lejos nos acercaremos a los resultados de 2007", explicó.
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